Editorial

En el crimen de Pecci no deben quedar cabos sueltos

El asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia dejó mucho dolor en la sociedad paraguaya y causó gran impacto internacional. A tres meses de aquella fatídica ejecución por sicarios, hoy condenados y detenidos en el país cafetero, se debe insistir en aclarar sobre los autores morales y aquel que haya permitido acabar con su vida. Urge que la investigación llegue hasta el fondo y que no queden cabos sueltos, porque no solo fue un atentado al fiscal, sino     también al estado de derecho, a la institucionalidad y al sistema democrático.

El rápido esclarecimiento de parte de los investigadores colombianos sobre los autores materiales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en aquel país es un aspecto destacado desde todo punto de vista. Cuatro detenidos fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión. Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Monsalve Londoño fueron sentenciados por los cargos de homicidio y porte ilegal de armas. De hecho, estos aceptaron la responsabilidad y pidieron perdón.

Según el relato de la Fiscalía, Wendret Carrillo fue quien disparó contra el fiscal, Zabaleta se encargó del transporte y la logística, y Marisol Londoño y su hijo realizaron el seguimiento para luego pasar la información para la ejecución.

El quinto detenido, Francisco Luis Correa, a quien la Fiscalía considera articulador del crimen, se declaró inocente. El Ministerio Público formuló acusación en su contra y pidió juicio oral. Hay un sexto sospechoso que está prófugo.

El siguiente paso que los investigadores deben esclarecer es la autoría intelectual. Varias hipótesis se manejaron posterior al crimen que fue el 10 de mayo pasado en plena luna de miel del fiscal Pecci en una playa de Barú, en el Caribe colombiano.

La reciente versión que surgió es de un medio de Colombia, en cuya publicación se apunta a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset como presuntos autores morales. Esta sospecha surge a partir de la declaración de Francisco Correa, considerado coordinador financiero y líder del grupo que acabó con la vida del fiscal. Supuestamente, el detonante para su muerte fue la orden de captura que se emitió el 22 de abril contra cinco de los hermanos Insfrán. Aunque se aclaró aquí que Pecci no dictó el pedido. El otro motivo sería que Insfrán lo responsabilizó de la aprehensión y condena en un caso anterior de un hombre de su confianza. Sin embargo, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, no confirmó que Correa haya proveído nombres.

Insfrán y Marset están como principales procesados en el operativo A Ultranza Py, que desbarató una red de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pecci lo que sí investigaba eran otros hechos criminales vinculados a este caso.

Anteriormente se mencionó al Primer Comando Capital (PCC) como el que participó en el crimen del fiscal. Días después del asesinato se hicieron también allanamientos a celdas en Paraguay de narcos colombianos y del extraditado a EEUU, el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado de lavar dinero. En los procesos de estas personas intervino el agente.

El asesinato en cuestión debe ser esclarecido hasta la última consecuencia, porque no solo está en juego la Justicia, sino también la institucionalidad de la República, el estado de derecho y el sistema democrático, considerando que la investigación guarda relación con un fiscal de alto perfil que tenía a su cargo casos de gran impacto relacionados al narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado en general.

Los investigadores no deben dejar ningún cabo suelto sobre los involucrados en el asesinato, que debe ser aclarado plenamente, en especial en esta instancia sobre los autores intelectuales y todos los que permitieron el terrible crimen.

Urge llegar a los instigadores, de lo contrario, pese a que los autores materiales ya están condenados, sería una victoria para los que dieron la orden para la muerte de Pecci.

Y para los investigadores de los diversos ámbitos comprometidos en lidiar contra este tipo de grupos criminales transnacionales, el Estado les debe brindar la garantía necesaria a su seguridad por el riesgo permanente que representan sus funciones.

Dejá tu comentario