Editorial

En el caso San Agustín, la Justicia de nuevo consagró la impunidad

Luego de ocho años de dilación, otro de los casos emblemáticos de corrupción, el del negociado de compras de las tierras de San Agustín del ex senador Jorge Oviedo Matto, durante el gobierno de Federico Franco, queda también en el oparei debido a que los miembros del Tribunal de Sentencia decidieron dejar libres a los acusados. Al igual que en el sonado caso de Óscar González Daher y del propio Oviedo Matto, los jueces echan la culpa a una deficiente labor de los fiscales, aunque todo indica que el blanqueo de los corruptos y la consagración de la impunidad son ya un esquema establecido, cada vez más repetido en el vergonzoso sistema judicial. Los arreglos políticos ante las próximas elecciones imponen el perverso juego de ir cerrando causas judiciales pendientes, sin importar la indignación de la ciudadanía. Todo apunta a que el 2021 será el año de la impunidad.

En su momento fue uno de los grandes escándalos políticos, mediáticos y judiciales. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en ese momento ocupando el Gobierno tras la destitución del presidente Fernando Lugo, buscaba una alianza con el Partido Unace, de cara a las elecciones generales de abril de 2013, para enfrentar al Partido Colorado.

En ese contexto, con el trasfondo de la alianza liberal-oviedista, el entonces presidente liberal Federico Franco avaló la compra por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de unas 5.742 hectáreas de tierras ubicadas en el Departamento de Cordillera, de la empresa San Agustín, ligada al entonces senador oviedista Jorge Oviedo Matto. La transacción se hizo el 27 de diciembre de 2012, y se pagó un total de 46.884.846.163 guaraníes.

Las posteriores investigaciones de la Fiscalía determinaron que las tierras no son aptas para la reforma agraria y que el negociado produjo un perjuicio patrimonial contra el Estado de unos 60 mil millones de guaraníes. Por este caso fueron acusados por lesión de confianza el entonces presidente del Indert, Luis Ortigoza, quien hasta la fecha se encuentra prófugo, además del parlasuriano Milciades Duré, el actual intendente de Iruña, Justo Gamarra, entre otros funcionarios. Ambos políticos en ese momento eran miembros de la Junta Asesora del organismo agrario y fueron quienes determinaron la compra de las tierras.

Tras varios años de dilaciones, merced a sucesivas chicanas, el caso llegó a juicio oral. El sábado último, un tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee decidió absolver de forma unánime al parlamentario a Duré y Gamarra, además de a Mario Echeverría y Víctor Blanco.

En el juicio oral, los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera solicitaron penas de 5 años y 5 meses de cárcel para Milciades Duré. Además, con relación a los coprocesados Mario Echeverría, Justo Gamarra y Víctor Blanco, pidieron condenas de 5 y 6 meses de cárcel, todos ellos por el delito de lesión de confianza.

Según el fiscal Rodrigo Estigarribia, la Fiscalía presentó cinco informes técnicos que señalaban que las tierras no eran aptas para la agricultura, pero fueron ignorados por el Tribunal. Sostuvo que el precio de las tierras pasó de 5 a 10 millones la hectárea, lo que hizo que se duplique el monto inicial de la propiedad ubicada entre Altos y Atyrá.

Al igual que en un reciente sonado caso que involucró al ex senador colorado Óscar González Daher y al propio ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto, en presunto tráfico de influencia y otros delitos, los jueces echaron la culpa a una supuesta deficiente labor de los fiscales, aunque todo indica que el blanqueo de los corruptos y la consagración de la impunidad son ya un esquema establecido, cada vez más repetido en el vergonzoso sistema judicial. Los arreglos políticos ante las próximas elecciones imponen el perverso juego de ir cerrando causas judiciales pendientes, sin importar la indignación de la ciudadanía. Todo apunta a que el 2021 será el año de la impunidad.

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