Estas asociaciones consideran que las subvenciones generan distorsiones e incentivos perversos en el mercado, por lo que no son sostenibles en el tiempo y tampoco existen los fondos para el efecto.
A renglón seguido, señalan que el aumento del precio del petróleo debe reflejarse en la economía y que el subsidio nunca ha sido ni será una alternativa válida de solución para un problema como el actual. Añaden que la crisis del combustible es un tema sobre el cual no se puede tener control, por responder a factores exógenos.
Los gremios piden convocar a todas las partes y discutir el funcionamiento del mercado de carburantes, y en especial, la necesidad de fortalecer el rol regulador de Petropar.
En ese sentido, solicitan analizar: Que el aporte intergubernamental de Petropar sea producto de su utilidad y no parte de su estructura de costos; la reducción gradual del impuesto selectivo a los combustibles; la incorporación del IVA como herramienta de formalización para toda la cadena; y finalmente, la capacidad y necesidad de almacenamiento del combustible y la definición de un sistema de ajuste de precios que, por lo menos, otorgue previsibilidad de 90 días a los agentes económicos.
Días atrás, el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, ya había pedido a legisladores “dejar la politiquería” y priorizar soluciones a la crisis.