EFE - Marta Garde
Al ejemplo de Cannes y Villeneuve-Loubet, ambas en la Costa Azul, se sumó este fin de semana Sisco, en Córcega, después de que el sábado se registrara una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí.
Algunas de las mujeres, según relató hoy un testigo al diario Corse Matin, llevaban ese traje de baño islámico y el altercado, en el que hubo cinco heridos, se desencadenó después de que ciertos bañistas las fotografiaran.
El socialista Ange-Pierre Vivoni, alcalde de Sisco, tomó la decisión en un Consejo Municipal extraordinario convocado tras lo sucedido y se inspiró al redactar su decreto en los otros dos ejemplos.
La polémica sobre ese bañador saltó a principios de agosto cuando se conoció la propuesta de la ONG Smile 13 de reservar un parque acuático cercano a Marsella exclusivamente para mujeres, a las que se les pedía acudir con esa prenda o bien cubiertas.
La oleada de reacciones contra esa iniciativa, que no era ilegal, llevó el pasado día 8 a que la alcaldía de Pennes Mirabeu y los gerentes del parque anularan ese evento en un intento por calmar los ánimos.
Tres días más tarde, fue Cannes el que se pronunció de forma más general contra ese polémico bañador.
Una prenda que “manifiesta de forma ostentosa una pertenencia religiosa, cuando Francia y los lugares de culto religioso son actualmente objetivo de ataques terroristas, puede provocar disturbios del orden público”, detalló su decreto, que no citaba específicamente el nombre de “burkini”.
Pero el director general de servicios del ayuntamiento, Thierry Migoule, fue más lejos y, en declaraciones a Francetv info, aseguró que el “burkini” es una “señal de adhesión al yihadismo” y plantea además “problemas de higiene”.
La Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) llevaron ante los tribunales esa ordenanza, pero la Justicia respaldó este sábado a las autoridades locales.
El Tribunal Administrativo de Niza consideró que el veto respetó las disposiciones del artículo primero de la Constitución, que definen a Francia como una República laica y prohíben a cualquier persona “hacer prevalecer sus creencias religiosas sobre el respeto de las reglas comunes”.
El juez indicó igualmente que en el actual estado de emergencia y ante los recientes atentados, en particular el que en Niza mató a 85 personas a mediados de julio, un bañador diferente del habitual puede ser interpretado como algo más que “un simple signo religioso”.
Villeneuve-Loubet también había mencionado los ataques yihadistas en defensa de su decisión, tras considerar que ese bañador “no es apropiado” y no tiene lugar “por razones de higiene”.
La guerra abierta entre defensores y detractores está lejos de terminarse pues el Colectivo contra la Islamofobia en Francia pretende recurrir su derrota judicial ante el Consejo de Estado francés, la máxima instancia administrativa del país.
Según recogieron los medios franceses, el abogado de esa asociación, Sefen Guez Guez, cree que este veto temporal “abre la puerta a la prohibición de todo signo religioso en el espacio público”.
La LDH también había advertido sobre las consecuencias de esas prohibiciones: la alcaldía de Cannes, en su opinión, discrimina a mujeres que no cometen ningún delito y, al mencionar explícitamente los atentados, efectúa “una amalgama peligrosa para la paz social”.
La relación del islam con la República francesa ha pasado a estar en el punto de mira especialmente tras los últimos ataques y la lucha de las autoridades contra la radicalización contempla prohibir la financiación extranjera de las mezquitas e implicar a los ciudadanos de confesión musulmana contra toda deriva.
