a elaboración del Presupuesto de Gastos de la Nación para el año fiscal 2015 por parte de las distintas instituciones públicas está entrando a su etapa final para su posterior presentación al Congreso Nacional.
Este será el primer presupuesto elaborado por el actual gobierno y en la misma observaremos su capacidad de compatibilizar las innumerables necesidades en todas las áreas y las altas expectativas ciudadanas con los recursos disponibles para responder a las mismas dentro del marco de una política fiscal prudente reflejada en la Ley 5.098 de Responsabilidad Fiscal.
Indudablemente es imposible resolver todos los problemas en un año o incluso en un periodo de gobierno. Sin embargo, con una mínima planificación en cada una de las instituciones, con estimaciones claras de los recursos disponibles y una fijación de objetivos y metas realizables de corto, mediano y largo plazos, se pueden compaginar ambas cosas y ejecutar programas y proyectos que vayan satisfaciendo estas necesidades.
Además, hace falta mucha disciplina en la asignación de los recursos y en la ejecución de los programas según lo planificado de tal manera que las metas sean logradas y los objetivos alcanzados.
En este sentido, la Ley de Responsabilidad Fiscal incorpora instrumentos muy importantes que, en la medida en que sean respetadas y cumplidas por todos los Poderes del Estado, nos permitirá mejorar significativamente la asignación de recursos públicos para ampliar y mejorar los servicios públicos para la ciudadanía en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto, una Programación Fiscal Plurianual de 3 años (2015-2017).
Esta es una gran innovación. Incorpora por primera vez el concepto de Presupuesto Plurianual y dará una indicación clara a los parlamentarios y a la ciudadanía sobre los recursos disponibles y las prioridades del Gobierno para su asignación a los distintos programas de servicios públicos.
En segundo lugar, el presupuesto debe cumplir con ciertas limitaciones que apuntan a mejorar la calidad del gasto público. Los gastos corrientes no pueden incrementarse en un porcentaje superior al 4% más la tasa de inflación interanual proyectada (5%); y, los incrementos salariales pueden ser como máximo hasta el mismo porcentaje de ajuste del salario mínimo para trabajadores del sector privado realizado en marzo pasado (10%).
Estas limitaciones buscan evitar los despilfarros en gastos superfluos e improductivos y un mayor orden en la política salarial del Estado para evitar los grandes reajustes salariales que fueron otorgados entre los años 2008 y 2012 de manera populista y prebendaria.
En tercer lugar, el déficit fiscal máximo que puede tener el presupuesto del 2015 es del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), considerando los ingresos tributarios estimados por el Ministerio de Hacienda en base a parámetros macroeconómicos y de eficiencia tributaria.
Esta es una limitación fundamental para mantener la confianza en el país en términos de un manejo responsable de las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica en el futuro.
Por lo tanto, el Presupuesto 2015 será la primera gran prueba de fuego para la Ley de Responsabilidad Fiscal. Será un real instrumento que regule a los tres Poderes del Estado en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria para mejorar la asignación de los recursos y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas o si será letra muerta como tantas otras leyes.
Asimismo, en la presentación del Presupuesto 2015, el Presidente Cartes estará dando señales de como va a encarar las soluciones a las necesidades de la gente. Si va a priorizar algunas áreas y concentrar los recursos disponibles en avanzar más rápidamente en las mismas o va a encarar todas las áreas al mismo tiempo distribuyendo los recursos y con un avance más gradual en cada una. O, una combinación de ambas estrategias.
Finalmente será una prueba para la responsabilidad de los políticos. Ojalá estén a la altura de las circunstancias.
(*) Economista de Desarrollo en Democracia (Dende), Ex ministro de Hacienda.
