La reunión se realizó con la participación del viceministro de la SET, Óscar Orué, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la fiscala adjunta Teresa Aguirre y la titular de la Asesoría Jurídica, Patricia Doria.
Informaron desde el Ministerio Público que la mesa de reunión fue a fin de coordinar la cooperación sobre trazabilidad de informes técnicos en el marco de las investigaciones de supuestos hechos de corrupción.
El lunes 29 de junio se mantendrá una reunión interinstitucional también con la Contraloría, a fin de definir qué acciones se deben tomar ante los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito o lesión de confianza, luego de que funcionarios públicos hayan declarado altos montos en bienes e ingresos.
Orué había adelantado que existe un acuerdo con Contraloría que primero se hace un examen de correspondencia de las declaraciones juradas y si parece pertinente, lo remite al Ministerio Público.
También se maneja que en base a una denuncia debe ser investigado penalmente o fiscalizado en la SET.
El miércoles pasado, la Contraloría General hizo públicas más de 2.000 declaraciones juradas de altos funcionarios públicos que ocuparon cargos entre los años 1998 y el 2017.
La larga lista incluye al actual presidente y ex presidentes y vicepresidentes, senadores, diputados y ministros del Poder Judicial.
