Por Alfredo Boccia Paz | <br/><br/>España me tiene desconcertado. El Tribunal Supremo ha suspendido en sus funciones al juez Baltasar Garzón. Ha aceptado la acusación de grupos de extrema derecha de haber prevaricado al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Una Ley de Amnistía de 1977 lo impediría de hacerlo. Se trata de más de cien mil desaparecidos durante la Guerra Civil española y las primeras décadas de la larga dictadura del Generalísimo Franco. Fíjese en la inmensidad de las cifras. Los paraguayos reclamamos al stronismo sobre el destino de algo más de 300 desaparecidos. En España buscan las fosas comunes de 114.000 cadáveres.<br/><br/>El proceso contra el juez Garzón es tan doloroso como poco justificable. Garzón lleva más de veinte años comprometido con la defensa de los derechos humanos en España y el mundo enfrentando a enemigos de la democracia, sean torturadores, corruptos o dictadores. Ha sido el principal promotor de la idea de que ciertos delitos como el genocidio deben ser juzgados, no importa el tiempo o quién fuera el que los cometiera. Con sus fallos ayudó más que nadie a imponer un modelo de justicia basado en el Derecho Internacional que ha evitado que millones de víctimas en el mundo vieran cómo los asesinos disfrutaban de la impunidad propiciada por la maleable Justicia de sus respectivos países.<br/><br/>Los demócratas latinoamericanos debemos agradecerle la demolición del blindaje jurídico que tenían Augusto Pinochet y algunos de los más tenebrosos ideólogos del Operativo Cóndor. Han cambiado cosas en el mundo después de eso. Hubo tribunales de justicia españoles que asumieron jurisdicción para juzgar a torturadores argentinos. Sin el antecedente de la prisión de Pinochet en Londres, la Justicia chilena no hubiera extraditado a Fujimori para que lo juzguen en Perú.<br/><br/>He ahí la cuestión de fondo. El Derecho Penal Internacional, al cual España está vinculado, determina que delitos como la desaparición forzada y los asesinatos masivos no prescriben. Todo Estado está obligado a investigar las violaciones a los derechos humanos y, en este sentido, la legislación internacional prevalece sobre la legislación nacional. Fue en base a eso que la Justicia española se declaró competente para estudiar los casos de genocidios u otros delitos de lesa humanidad cometidos en otros países que también tenían leyes de protección a los culpables. Suena poco racional que la Ley de Amnistía aprobada en España durante la transición impida juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo. Contradictorio, por decir lo menos: el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Peor aún, quien lo intenta, es castigado por ello. <br/><br/>Decepciona la imagen que proyecta España ante la historia. ¿Qué democracia es esta que encuentra el crimen en el juez que investiga las muertes del franquismo y no en esas cien mil muertes?<br/><br/>Tenía razón Eduardo Galeano al advertir que la memoria es un arna de larga duración. Los dictadores latinoamericanos lo aprendieron por experiencia propia. A fuerza de conquistas positivas, la moderna España creyó que podría olvidar un pasado mal sepultado. Los reclamos de justicia, sin embargo, no han cesado. Pese a sus logros, algo se hizo mal en los pactos de la Moncloa. Intentaron enterrar juntos a Franco y a su historia. Pero es imposible no hacerse cargo de ella. El pasado turbulento se borra con la verdad, no con la impunidad. Quitar del medio a quien intenta revisar heridas jamás cicatrizadas no soluciona nada.<br/><br/>Sí, desconcertado estoy. Tanto como, lo supongo, mis buenos amigos españoles. Hay demasiada contradicción en eso de arrogarse el derecho de investigar genocidios en cualquier rincón del Universo, menos dentro de sus propias fronteras.<br/><br/>