“La totalidad de lo que se tiene que pagar no lo tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer”, dijo hoy Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, el brazo financiero del Gobierno de la isla.
Acosta fue la primera ponente hoy en una reunión de parte de los 60.000 puertorriqueños que tienen bonos de la isla, agrupados en la asociación Bonitas del Patio.
Esta agrupación se reúne hoy por primera vez en San Juan para saber cómo puede afectarles la reestructuración de deuda que planea el Gobierno de la isla con el respaldo de EE.UU., que está próximo a aprobar el proyecto conocido como “Promesa” y que provee un marco legal para que Puerto Rico pueda declararse en bancarrota sin que los acreedores puedan demandarlo.
En línea con lo defendido por el Gobierno de la isla durante las últimas semanas, Acosta insistió hoy en que es urgente que el Senado federal apruebe de una vez el proyecto “Promesa” antes de que el 1 de julio haya nuevos vencimientos de deuda, que rondan los 2.000 millones de dólares.
Entre esa cantidad hay 700 millones de dólares en Obligaciones Generales (GO’s), un tipo de bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
Acosta adelantó en declaraciones a Efe que el Gobierno puede tratar de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO’s, que superan los 300 millones de dólares.
“‘Promesa’ nos provee un alto en los litigios, una ayuda enorme mientras se reestructura la deuda, porque eso nos evitará estar en los tribunales gastando aún más recursos”, explicó, tras insistir en que la aprobación de ese proyecto de ley, en cualquier caso, “no cambia la realidad fiscal de la isla, solo la legal”.
Mientras el Senado federal debate sobre ese proyecto, Acosta sigue dirigiendo las negociaciones con los acreedores, a los que se pide que acepten una pausa de cinco años en el pago del principal, mientras se siguen pagando los intereses, con la idea de dar oxígeno al Gobierno para invertir en la reactivación de la economía.
“Soy consciente de que hay mucha gente que vive del cobro de los intereses”, reconoció Acosta durante su ponencia, en la que insistió en que la intención del Gobierno es pagar los intereses, pero para eso los acreedores deben asumir cambios en la deuda tal y como está planteada.
Igualmente, explicó en declaraciones a la prensa que en cuanto el Senado federal apruebe “Promesa”, las negociaciones con los acreedores pasarán a manos de la junta federal de control fiscal que Washington pretende imponer sobre la isla, por lo que “es muy probable que nosotros no acabemos la reestructuración”.
Esa junta, formada por siete personas designadas por Washington, tendrá más poderes incluso que el Gobierno de la isla y se encargará también de garantizar el cumplimiento de los presupuestos y sanear las cuentas públicas.
“Hay bonistas que quieren llegar a un acuerdo antes de la llegada de la junta”, que “podría tardar meses en establecerse”, explicó Acosta, quien apuntó que se había manejado que podría estar operativa hacia septiembre, poco antes de que en noviembre se celebren en la isla las próximas elecciones generales.
Acosta también adelantó que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de vender activos, privatizar algunas áreas económicas y establecer alianzas público-privadas en áreas como la de carreteras, similar a la concesión que ahora ostenta la española Abertis.
De cara a la semana que acaba de comenzar, la máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico reconoció a Efe que va a ser “bien complicada”.
Así, antes del 30 de junio hay que aprobar los presupuestos generales para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de julio, elaborar una orden ejecutiva para decretar el impago de la deuda que vence el viernes, publicar los estados financieros atrasados que los acreedores llevan meses reclamando y presionar para que se apruebe “Promesa”.
