“Nuestra prioridad está puesta en la población más vulnerable, en aquellas familias que peor lo están pasando en Argentina”, afirmó la ministra.
Es así que el Ejecutivo de Mauricio Macri, que asumió el pasado 10 de diciembre, se planteó como objetivo que la política asistencial fuera acompañada “de políticas de inclusión y de largo plazo”.
En este sentido, Stanley señaló que el conjunto de medidas sociales anunciado el pasado sábado por el mandatario beneficiará “por lo menos a 10 millones de argentinos” y supondrá una inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de pesos (entre 1.400 y 2.100 millones de dólares).
Macri presentó, entre otras medidas, un paquete de beneficios para los sectores más vulnerables que incluye devoluciones del IVA y ampliación de asignaciones para monotributistas (autónomos) y trabajadores temporales.
También un subsidio de 500 pesos (35 dólares) destinado a 8,4 millones de personas que se otorgará en mayo y la convocatoria para la segunda quincena de ese mes al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
“Venimos trabajando desde diciembre, desde que asumimos, con todo el Gobierno en lo que son las medidas económicas y sociales, entendiendo que así como el presidente ha hablado durante la campaña de ‘pobreza cero’ seguimos trabajando con ese objetivo a largo plazo”, consideró la ministra.
Stanley, en conversación telefónica con Efe, remarcó que poner en marcha estas medidas tiene que ver con la “herencia recibida” después de 12 años de Gobiernos kirchneristas.
“Hemos heredado una crisis social profunda”, afirmó.
Según destacó, las medidas económicas anunciadas tienen que ver con el compromiso del presidente de “reducir la inflación definitivamente”, lo que prevén se logrará en el segundo semestre, y de esta manera “volver a encarrilar la situación”.
También reconoció como “fundamental” la necesidad de contar con índices oficiales que midan las cifras sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina prevé que el 15 de junio próximo comenzará a difundir nuevamente las cifras de inflación, las primeras desde la llegada de Macri al Gobierno, cuando se encaró una reorganización de la entidad.
Además, con el restablecimiento de las mediciones de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, el Indec estará en condiciones de informar las cifras de pobreza el próximo agosto, después de casi dos años sin difusión de esos datos.
“Se está trabajando mucho en poder actualizar y trabajar con el Indec indicadores que hasta hace un tiempo atrás eran indiscutidos y que lamentablemente en el último tiempo se han vapuleado y distorsionado”, dijo la ministra.
“Queremos volver a saber en qué situación estamos no solo para trabajar en las medidas concretas sino también para poder medir y evaluar el impacto de las medidas que se van tomando”, subrayó.
Consultada por cómo se notará el fin del litigio del país con los fondos acreedores por deudas en cese de pagos desde 2001, Stanley dijo que se percibirá “absolutamente” en la política social.
“Las políticas sociales van de la mano de las económicas y todo eso tiene un impacto definitivo en lo que es la creación de empleo (...) y el empleo en definitiva es la mejor manera de devolverle a las familias y cada una de las personas la dignidad y la posibilidad de trabajar y llevar todos los días el pan a la mesa fruto de su trabajo”, concluyó.
