Es auspicioso que el presidente electo, Fernando Lugo, haya reiterado en su ponencia en la Universidad Católica de Santiago de Chile su compromiso de crear condiciones para la mejora de la educación en el Paraguay. En la oportunidad criticó, además, la falta de coherencia de los políticos que en sus discursos prometen priorizar la educación, pero terminan asignándole exiguos recursos en el Presupuesto de Gastos del país.
Ambas declaraciones nos hacen reflexionar sobre dos aspectos que deberá tener en cuenta el Gobierno entrante para encauzar positivamente el rumbo educativo del país.
Primero: utilización racional de los recursos asignados a la educación en el Presupuesto General de Gastos, lo cual implica:
- Un buen diagnóstico de la realidad educativa que permita tomar decisiones correctas, a través de indicadores estadísticos tales como nivel de escolarización de la población según edad y sexo; contexto geográfico y demográfico de las diversas regiones; acceso de la población joven a la educación técnica y superior, y su grado de inserción laboral; formación docente, adecuación curricular a los alumnos con necesidades especiales para su inclusión social.
- Priorizar la formación docente de calidad y desterrar el clientelismo partidario en el acceso a los cargos del magisterio.
- Negociar éticamente con los gremios docentes que siguen reclamando beneficios básicos para los maestros.
- Resolver creativamente el grave problema de la falta de infraestructura escolar que afecta a muchas entidades educativas del país, para lo cual deberá impulsar la participación efectiva de gobernaciones y municipalidades, a través, por ejemplo, del acceso real y transparente a beneficios tales como los royalties de Itaipú.
- Fortalecer la calidad de sus RRHH, ya que, como bien lo advierte el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Paraguay 2008, publicado por Naciones Unidas, no basta con aumentar los recursos financieros si las personas involucradas en el proceso no están comprometidas. Como muestra cita el informe que, aun cuando el PIB creció 6,8% el año pasado, la pobreza extrema se incrementó de 15,4% a 19,4%.
- Dar continuidad a los programas de mediano y largo plazo que ya se vienen desarrollando positivamente como la promoción del acceso masivo a la educación preescolar, desterrando aquellos que no se adecuan a las necesidades reales de la población.
- Apoyar la educación superior, estableciendo alianzas estratégicas con el sector privado para potenciar la investigación y fortalecer los lazos de la Universidad con las empresas y la comunidad.
Segundo: compromiso subsidiario del Estado con los diferentes grupos sociales de base, lo cual solo se logrará superando la visión estatista y pasiva que pretende acaparar y controlar todas las ofertas educativas de la sociedad, sin dar cabida a las iniciativas de autogestión de los grupos sociales tales como: las familias organizadas, los grupos religiosos, las asociaciones rurales y oenegés, etcétera, los cuales constituyen los verdaderos agentes de cambio educativo y cultural del país. De lo contrario, se seguirá perpetuando el esquema de dependencia hacia el Estado del cual toman partido los politiqueros y sinvergüenzas de siempre.
Ambos aspectos mencionados posibilitarán condiciones más realistas y seguras que permitan en el futuro -con un crecimiento equilibrado de los ingresos públicos- invertir cada vez más en la educación y en los otros gastos sociales del país. Lo cual es una responsabilidad moral del nuevo Gobierno y requiere de su parte grandes dosis de madurez y compromiso para su ejecución.