Por Alfredo Boccia Paz | <br/><br/>Buena parte de los que en estos días critican a Lugo por enviar a los militares a buscar a los guerrilleros del EPP se parecen a la gata Flora. Era exactamente eso lo que le exigían agriamente hasta hace poco. <br/><br/>No vale la pena detenerse en el oportunismo de aquellos que, haga lo que haga Lugo, igual van a estar en desacuerdo. Lo importante es reflexionar sobre los motivos y las consecuencias de la decisión presidencial de declarar el estado de excepción en cinco departamentos del país.<br/><br/>A ningún gobierno democrático le resulta agradable tomar una medida como esa. En primer lugar, porque significa el reconocimiento de que alguna situación interna ha desbordado su capacidad de enfrentarla con los métodos regulares. <br/><br/>En segundo lugar, en nuestro país estas medidas excepcionales tienen desagradables reminiscencias con el estado de sitio con el cual Stroessner gobernó durante casi todo su mandato. Trae el recuerdo de abusos, de violencia, de miedo. <br/><br/>Durante la transición, el estado de excepción fue aplicado en los años 2000 y 2002 por el presidente González Macchi. En ambas ocasiones fue revocado a los pocos días, pues su utilidad era dudosa. Y esa es la tercera cuestión: no está claro que la medida sea realmente beneficiosa para los fines que se buscan.<br/><br/>Pero resulta que ahora sí le es útil a Fernando Lugo, a quien le urgía emitir un mensaje claro desde el Gobierno. Lugo necesita demostrar que quiere y puede desbaratar al EPP. El “quiere” hace relación a su supuesta vinculación con algunos de los extremistas. <br/><br/>Se trata de denuncias jamás probadas, pero que aparecen recurrentemente en el discurso opositor. El “puede” tiene que ver con la percepción colectiva de que la Policía no va a dar nunca con ellos, pues no está preparada, está inficionada y sus operativos siempre llegan tarde.<br/><br/>Si Lugo recurrió al estado de excepción es porque, en estas circunstancias, la medida goza de un fuerte consenso social y porque la existencia del EPP está incluida en un rubro en el que la ciudadanía lo aplaza en la gestión: la inseguridad. Por eso se decide a enfrentar las previsibles críticas que provendrán de algunos de sus aliados de la izquierda. <br/><br/>Los reparos a la posibilidad de que se criminalice la lucha social y de que el estado de excepción justifique la violación de derechos humanos no tardarán en llegar. <br/><br/>También está presupuestada la reprobación de la derecha, aunque eso preocupe menos. Previsiblemente dirán que todo esto es puro humo mediático para disimular la falta de voluntad de actuar.<br/><br/>Aunque no creo que las libertades ciudadanas estén en riesgo, habrá que estar vigilantes. <br/><br/>Lo evidente es que las fuerzas militares se encontrarán con un enemigo con una capacidad de respuesta muy superior a lo que se suponía algunos meses atrás. <br/><br/>Por ahora, más allá de los debates e interpretaciones jurídicas, lo concreto es que el gobierno de Fernando Lugo tiene un mes para mostrar algún resultado. <br/><br/>Es el plazo perentorio que le dieron los parlamentarios antes de afilar las hachas pidiendo la cabeza de los responsables de la seguridad nacional. Esa es la microhistoria que plantea nuestra chata clase política.<br/><br/>La historia importante se escribe demostrando que un Estado democrático puede derrotar a delincuentes que apelan a secuestros y muertes para imponer sus ideas, con eficacia y sin violar sus propias leyes. ¿Logrará el gobierno de Lugo estar a la altura de este desafío? Esa debería ser la verdadera discusión y no la fingida histeria de la gata Flora.<br/><br/>