Por Erwing Rommel Gómez
egomez@uhora.com.py
Viajar en una unidad del transporte público puede traducirse en muerte o lesión grave de un pasajero a raíz del incumplimiento de las normas municipales de seguridad y la inconsciencia de los conductores.
Las notas enviadas a los municipios del Área Metropolitana y de Ciudad del Este por parte del Consorcio Tendotá Grupo Coasegurador de Accidentes a Pasajeros, para garantizar que los vehículos circulen con las puertas cerradas a fin de evitar ese tipo de percances, cayeron hasta hoy en saco roto.
Nelly Rodas, gerente de la mencionada firma, explicó que esas misivas fueron remitidas ya en el 2004 y reiteradas el pasado 20 de abril a los respectivos intendentes, sin que hasta hoy haya respuesta sobre el particular.
“El 90% de los casos de personas heridas o fallecidas se produce porque la puerta del transporte está abierta y hay caída al pavimento, lo que en muchas ocasiones termina en arrollamiento. Los choferes deben parar y luego abrirlas, pero lastimosamente no se da así”, sostuvo.
Agregó que la empresa coaseguradora se encarga de indemnizar en casos de muerte y de lesiones cuando hay choque, donde se cubre lo relacionado a reposo y medicamentos. Previo al pago, un inspector médico evalúa la situación.
“Nos preocupa la inseguridad para los pasajeros. Es cierto que muchas veces no hay muertes, pero se debe evaluar que en un alto porcentaje el accidentado ya no queda bien, llegando incluso a la imposibilidad de trabajar en el futuro”, sentenció.
Recordó que la Ley 750 obliga a los empresarios del transporte público a contar con esa póliza de seguro de pasajeros, cuyo cumplimiento debe ser controlado por la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama).
MEDIDAS. El doctor Carlos Brañas, asesor de la Setama, manifestó que está en vigencia una resolución por la cual cada 90 días se realiza una inspección de pólizas en los buses..
Explicó que anteriormente los transportistas sólo cumplían con este requisito cuando renovaban el permiso de circulación cada siete años.
“Una de las mayores fuentes de ingreso de la Setama por multas se da por el incumplimiento de la obligación decontar con este documento.”
Brañas admitió que debido a la falta de recursos humanos y financieros, los sábados y domingos no hay control, por la cual en esos días circulan muchos colectivos chatarras.
Por otro lado, los agentes de tránsito de las comunas rechazan ser responsables del control de este tema, argumentando que no cuentan con los efectivos necesarios para este tipo de operativos.
Pedido de justicia de seis años por esposa muerta
Las ruedas del colectivo al servicio de la línea 13 truncaron la vida de Juliana Lezcano de Blanco el 20 de agosto del 2001, en República Argentina y Fernando de la Mora. Desde esa fecha, Baltazar Blanco, su esposo, tramita ante la Justicia el resarcimiento económico por la irreparable pérdida.
El mismo señala que el caso se encuentra en el juzgado del cuarto turno a cargo de la doctora Judith Gauto Bozzano en espera de una sentencia definitiva.
Blanco explicó que el pleito legal está encarado con la coaseguradora Triángulo (hoy extinguida), cuyas autoridades se manifestaron recién 70 días después del accidente, señalando que no reconocían tal percance. “Pasados los 30 días ya es un reconocimiento tácito porque vencieron todos los plazos legales para ello”, sostuvo el afectado.
Rememorando el hecho, comentó que su mujer estaba tomada del pasamanos delantero del bus para subir al mismo, pero el chofer Ramón Rosario Servín, al ver la luz verde del semáforo, arrancó imprevistamente, cerrando la puerta y arrojando a Juliana al asfalto, siendo arrollada en ese instante.
El 27 arrolló a un joven y no se hace responsable
Osmar Chávez, de 22 años, fue arrollado hace dos años por un colectivo de la empresa Línea 27. Pese al tiempo transcurrido y a las secuelas del accidente que aún persisten en el joven, la empresa de transporte no se hace responsable del hecho.
Sus padres, Antonio Chávez y Martha Delgado, tuvieron que vender su casa para afrontar los elevados costos del tratamiento de su hijo.
Los mismos presentaron una denuncia ante el juzgado de Capiatá, donde piden a la empresa San Lorenzo un resarcimiento económico de G. 1.800 millones. En la misma contempla una deuda de 300 millones con farmacias y centros médicos y las lesiones que hasta hoy generan fuertes dolores y traumas en Osmar.
Cuando ocurrió el percance, el 3 de marzo del 2005, en Estados Unidos y 11 Proyectada, el joven cursaba la carrera de Ingeniería Informática.
Según testigos, el bus número 63, guiado por José del Pilar, jugaba carrera con otro 27 y no detuvo la marcha tras cometer el arrollamiento.
“Estuve internado tres meses en Emergencias Médicas, utilicé silla de ruedas y hoy camino con mucho dolor”, puntualizó.