La denuncia fue presentada en mesa de entrada de la Fiscalía y aguarda la designación de un agente fiscal para llevar adelante la investigación del caso.
Cabe destacar que el anterior defensor del Pueblo, Miguel Godoy, dejó el cargo tras verse involucrado en torno a hechos de corrupción y escándalos.
La denuncia penal fue presentada por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y concordantes del Código Penal contra personas innominadas.
El documento señala como beneficiarios del intento del cobro indebido a Néstor David Cáceres y a Verónica Godoy.
El escrito explica que Néstor Cáceres se presentó en fecha 14 de octubre del año pasado ante la Dirección General de Gabinete, dependencia de la Defensoría del Pueblo, con una resolución en mano DP N° 096, que tiene fecha 12 de noviembre del 2020, en la que consta que, supuestamente, fue beneficiado con una indemnización de 1.000 (un mil) jornales en carácter de víctima de la dictadura.
Sin embargo, una vez verificados los archivos se constató que dicha numeración de resolución corresponde a otra resolución. Asimismo, “se puede distinguir a simple vista que se trata de una resolución falsa (escaneada en la parte de la firma y otros datos notorios)”.
En ese mismo tenor, Limpia Godoy presentó en mesa de entrada de la Defensoría del Pueblo, bajo patrocinio del abogado Milciades Paniagua, matrícula N° 13.274, una supuesta resolución DP N° 092/21 de fecha 5 de febrero del 2021, por la cual se resuelve indemnizar a la señora Verónica Godoy (hermana fallecida de la solicitante) con la suma equivalente a 2.000 (dos mil) jornales mínimos, también en carácter de víctima de la dictadura.
La resolución también cuenta con errores y datos internos falsos como parte del considerando y otros, señala la denuncia.
Con todos estos antecedentes y evidencias, el defensor del Pueblo solicita a la Fiscalía la apertura de una investigación del caso, tanto a las personas beneficiadas supuestamente con el pago de indemnización así como la posible complicidad en la causa de funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo, que pudieran haber ayudado o participado en la producción de los documentos no auténticos y en la gestión para el cobro indebido.