El plazo legal de 15 días hábiles para que la Contraloría General de la República (CGR) responda el pedido de publicar la declaración jurada de bienes y rentas del senador Dionisio Amarilla ha vencido, según lo establece la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública.
La solicitud fue hecha por el abogado Ezequiel Santagada, quien anunció que entablará en los próximos días una acción judicial en contra de la institución, por la ley de amparo, para poder conocer lo que considera un dato público.
Santagada indicó que el nuevo contralor, Camilo Benítez, sigue el mismo libreto que el anterior, Enrique García, para “blindar” al legislador y a todas las altas autoridades.
“Sigue la misma línea trazada por el ex contralor (García), se limita a no responder y solo ‘clavar el visto’. Ya sé cuál va a ser la jugada de la Contraloría, va a responder que hay un juicio pendiente, que es el de Juan Carlos Lezcano (quien hizo en el 2018 la solicitud), y va a pedir la inconstitucionalidad de la norma, para la cual la Corte Suprema estableció que debe tramitarse por vía de amparo. Es de manual la jugada”, cuestionó. El abogado lamentó que la historia se repita pese a la renuncia de García, ya que Benítez, tras asumir, se había expedido a favor de hacer públicas las declaraciones juradas.
“Es una pena porque uno de los tantos cuestionamientos que se le hizo a García fue esa postura secretista, esa férrea defensa del ocultamiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas de las más altas autoridades. Se suponía que Benítez debía generar un cambio al respecto. Dijo públicamente que él estaba a favor de que esto fuera publicado, pero no está haciendo absolutamente nada más que esperar cómodamente a que la Corte decida”, criticó.
Para el profesional, el contralor debe comunicar la nueva postura institucional y no solo “lavarse las manos como Poncio Pilato”.
Explicó que si bien Benítez, como lo hizo en su momento García, se escuda en la Ley 5033, que establece que se puede acceder a la declaración jurada vía orden judicial, debido a los datos sensibles, la solicitud aclara que se omitirán todos los elementos privados. Además, el abogado señaló que existe una norma posterior, que es la de información pública, que predomina sobre la anterior.
“Con base en el principio de visibilidad, que está claramente establecido en la norma reglamentaria de la ley de acceso a la información pública, yo no quiero acceder, por ejemplo, a nombres de hijos menores de edad del senador, tampoco me interesa conocer sus números de cuentas bancarias, pero sí en qué bancos, en qué país y qué montos ha declarado que tenía depositados. No quiero saber cuál es la dirección ni el teléfono particular del senador, simplemente el listado de sus bienes”, especificó.
Mientras que las informaciones que debe detallar la Contraloría son “identificaciones por finca y cuenta corriente catastral de bienes inmuebles o número de dominio en caso de automotores, o cual sea la identificación en caso de buques o aeronaves y hasta ganado”, expuso Santagada.
El legislador liberal resultó envuelto en un nuevo caso escandaloso luego de que un periodista lo denunciara por soborno y uso indebido de influencia para favorecer a una firma de seguridad en un contrato con el Instituto de Previsión Social (IPS). Amarilla anunció que accionará en contra del comunicador alegando que nunca ocurrieron los hechos por los que se le acusa. La Fiscalía ya comenzó una investigación sobre el caso y el comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) recomendó a los legis-ladores que apoyen un eventual pedido de pérdida de investidura.
