Por Rino Giret
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Uno de los sectores de la producción más castigados por el auge del contrabando es la industria del aceite, cuyas empresas asociadas están en la Cámara Paraguaya de Procesadores y Exportadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).
“El daño que está causando a nuestra industria es tremenda y esta situación no es nueva, se está agravando desde el año pasado”, cuenta el doctor Óscar Sosa, presidente de la Cappro, quien afirma que el 60% del aceite comestible que se consume en el mercado local es de origen dudoso y que el 40% restante es producido por la industria nacional o importado legalmente.
“La capacidad de la industria nacional es suficiente como para cubrir todas las necesidades del mercado local, pero no lo podemos hacer sencillamente porque es imposible competir con un aceite subsidiado, como lo es el aceite argentino”, expresa Sosa. Explica que el aceite argentino que ingresa de contrabando no solo está subsidiado por el Gobierno, sino además evade en el país vecino las retenciones a las exportaciones, que rondan el orden del 32%, además del IVA local del 5%. “Pero acá se comercializa libremente con la etiqueta que es exclusivamente para el consumo local en ciertas provincias argentinas”, se queja, y agrega que ello ha reducido en un 40% la producción de la industria nacional.
LAS CIFRAS. El contrabando de aceite comestible deja sus secuelas en cifras. Según la Cappro, el comercio ilegal de aceite asciende a más de 20.000 millones de guaraníes por mes, lo que al año equivale a 240.000 millones de guaraníes, unos 60 millones de dólares al cambio de la fecha. El Estado deja de percibir, solo en concepto de IVA, más de 1.000 millones de guaraníes por mes, según Óscar Sosa.
Alfredo Raatz, vicepresidente de la Cappro, afirma que el Estado debe utilizar los medios que tiene en la frontera para contener el contrabando. “Porque no estamos hablando de que la mercadería pasa en canoas por los ríos, está pasando por el puente de Encarnación, por el puente de Falcón, y en esos lugares tenemos gente de Aduanas, gente del Detave, pero que no están ejerciendo sus funciones”.
Raatz asegura que se ha constatado “que la mercadería pasa ilegalmente y que hay gente que recibe premiaciones por hacer la vista gorda”. Cuenta que a principios de mes concurrieron a conversar con la directora de Aduanas, Rocío Vallejo. “La directora dice que hay que hablar con el presidente de la República para que dé la orden para que se corte esto, pero yo me pregunto para qué está la directora de Aduanas si no tiene la capacidad para dar instrucciones y que se tomen medidas contra este tipo de cosas que nos afectan”, pregunta.
“Si tenemos personas apostadas en los puestos de Aduanas, del Detave, fiscales, lo único que pedimos es que cumplan sus funciones, que la mercadería que ingresa tiene que pagar los impuestos por las importaciones; es solamente eso lo que estamos pidiendo. Queremos que esta gente trabaje legalmente como trabajamos nosotros”, dijo Raatz, en relación a las autoridades encargadas de controlar el ingreso de contrabando.
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UNA AMENAZA PARA LA SALUD
Un aspecto preocupante del ingreso de aceite comestible de origen dudoso es que representa una amenaza a la salud porque no cuenta con certificación de calidad, advierte Agustín Magallanes, presidente y gerente general de Contiparaguay SA, una de las asociadas a la Cappro.
“Gran parte del aceite que hoy está viniendo de contrabando no solamente no viene embotellado, sino viene a granel. Viene semirrefinado, ni siquiera está 100% refinado, y así se comercializa muchas veces”, manifiesta Magallanes, quien agrega que “esto conlleva un serio efecto en la salud, pues la gente que compra no sabe lo que está comprando”.
Señaló que, de acuerdo con estudios realizados por químicos en EE. UU., un aceite mal refinado puede contener hasta residuos de pesticida. “Increíblemente esos aceites luego hasta participan en las licitaciones públicas”, añadió.
“Desafortunadamente, la gente a la que le aprieta el bolsillo compra lo más barato pensando que es la manera de solucionar, cuando no sabemos qué problemas vamos a crear en la salud, y permitir eso es criminal”, afirmó.