Luego de las idas y venidas sobre si se realizó o no la reunión de los líderes de bancada con miras a la conformación de la comisión especial conformada en la Cámara de Diputados, para analizar y elaborar el proyecto de ley que reglamente el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, finalmente anunciaron que para el lunes tendrán la nómina de los juristas a quienes van a solicitar dictámenes y que para el 3 de octubre ya tendrían listo el documento.
Así lo manifestó el diputado colorado, Derlis Maidana, uno de los promotores de la elaboración de la normativa. “El lunes nos reunimos y organizamos para entregar nuestro trabajo el miércoles 3”, remarcó.
La propuesta de crear una comisión para presentar un proyecto, fue planteada el miércoles pasado por legisladores liberales y colorados, con lo que consiguieron que el pedido de pérdida de investidura contra el liberal Carlos Portillo siga dilatando, con el argumento que no existe un reglamento, al igual que otros pedidos que puedan aparecer.
El documento aprobado establece que luego de ser conformada la comisión, que tendrá 10 miembros, se cuenta con 15 días para la presentación del proyecto, que posteriormente se pondrá a consideración del pleno.
La intención de los legisladores es contar con una nueva ley de autoblindaje, luego de que la polémica normativa aprobada en el periodo pasado haya sido derogada.
LAGUNA. Los promotores sostienen que existe una laguna en la Constitución Nacional, ya que en el artículo 201 no se establece quien debe proceder en la remoción de los parlamentarios y consideran que los constitucionalistas pueden ayudar a aclarar esta situación.
Algunos parlamentarios incluso manifiestan que debe ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el encargo de remover a los parlamentarios y no que los mismos sean jueces de sus pares.
EN CONTRA. Legisladores patriaqueridistas, encuentristas y algunos liberales se expresaron en contra de dicha propuesta y aunque anunciaron que participarán de las reuniones, sostienen que no hace falta una ley para reglamentar el proceso de pérdida de investidura, ya que al igual como sucede con el juicio político, se establece un reglamento interno para cada caso.
Incluso los diputados de Patria Querida presentaron el reglamento pero no consiguieron el apoyo necesario.
