La mencionada ley, aprobada por ambas Cámaras del Congreso, determinaba una multa de G. 40.000, aproximadamente, que equivale a medio jornal mínimo, para las personas que no hayan cumplido con la obligación de votar.
Señalaba que en el caso de no efectuar el pago, el ciudadano no podría realizar trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), retirar su pasaporte y antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, trámites ante la Dirección General de Catastros, trámites ante la Dirección General de Registros del Automotor, trámites administrativos ante las municipalidades y gobernaciones y, finalmente, serían suspendidos los beneficios de la ley de regulación de transferencias monetarias condicionadas.
El presidente de la República Mario Abdo Benítez, consideró que la citada ley establecía sanciones muy fuertes al elector, y sostuvo que hay que trabajar en proyectos de leyes que incentiven al elector a emitir su voto en las elecciones.
“Consideramos que sancionaba muy fuertemente al elector, consideramos que el veto era la mejor herramienta. Queremos incentivar a la participación ciudadana para las cuestiones electorales, creemos que es muy saludable para la democracia, pero tenemos que trabajar en incentivos más que en sanciones, y en sanciones que pueden afectar de manera directa e invasiva a la gente, consideramos que hay que trabajar en un proyecto de ley donde su naturaleza sea el incentivo para el voto y no tanto de una manera que genere sanciones”, sostuvo el mandatario.
Indicó que la ley tenía una redacción “abusiva” con relación a la enajenación de derechos del ciudadano.
“Lo que nosotros buscamos es fomentar la participación de la gente, pero queremos una herramienta que genere entusiasmo”, aseguró el titular del Ejecutivo tras participar de un acto en el Departamento de Caazapá.
Objeciones. Entre las objeciones, el Poder Ejecutivo señala que bloquear la entrega de sumas de dinero a los beneficiarios de programas como Tekoporã, “resulta excesivo y se contrapone al funcionamiento de la estructura de protección social diseñada por el Estado”, para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Menciona además que impedir sin un plazo determinado la realización de trámites para la obtención de pasaporte, afectaría desproporcionalmente al ciudadano en su derecho de contar con el documento que acredita la identidad y la nacionalidad fuera del país.
“Modificaciones legales como la propuesta por el Legislativo, a puerta de los comicios generales, no contribuye a generar fiabilidad en las reglas de juego para el elector”, alega el decreto del Ejecutivo.
El proyecto se originó en el Senado, mientras que en Diputados fue modificado, eliminándose la suspensión de trámites y estableciendo solo la multa, pero la Cámara Alta se ratificó. La versión de Diputados fue defendida principalmente por el cartismo, mientras que gran parte de la oposición votó por el proyecto del Senado, que ahora deberá aceptar o rechazar el veto.
