La acción, patrocinada por los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera, ataca las resoluciones de la jueza Cynthia Lovera, del 25 de agosto pasado, y del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, del 9 de setiembre pasado, que ratificó la resolución.
El accionante refiere que las resoluciones violan los artículos 9, De la libertad de las personas; 16, De defensa en juicio; 137, De la supremacía constitucional, y 256, De los fallos fundados en la ley, todos de la Carta Magna. Además, dice que viola el artículo 7, incisos 1 y 2 del Pacto de San José, sobre la libertad personal.
Alegre refiere que la resolución de la jueza que rechazó eximirle de las medidas cautelares era infundada. Que la imputación no cumplía con los requisitos legales, al punto que tuvo que corregirse en dos ocasiones.
También remarca que no se cumplen los presupuestos para aplicar medidas cautelares.
Por su parte, con respecto al fallo de Apelación, viola la supremacía constitucional, al basar su decisión en una acordada de la Corte, por encima de la Constitución y las leyes.
Tras un extenso análisis donde refiere que es una cuestión meramente política, ya que la factura falsa ni siquiera es instrumento público, y que como candidato tenía prohibido administrar fondos.
Pide a la Corte suspender los efectos de las resoluciones, traer a la vista el expediente, y, finalmente, hacer lugar a la acción y anular los fallos.
