Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas reaccionó con un comunicado sulfuroso en el que lo califica de “ataque criminal”.
“De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, antivalores contenidos en este nuevo ataque criminal”, escribió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el Gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU, “sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales” impuestas a Caracas.
ROBO ELECTORAL. Washington considera fraudulentas las dos últimas reelecciones de Maduro y apoya a Edmundo González Urrutia, el candidato electoral de la líder opositora María Corina Machado, que se vio obligado a exiliarse en España tras los comicios.
En un país muy polarizado políticamente, plantar cara a Maduro es uno de los pocos asuntos en los que demócratas y republicanos están de acuerdo.
Uno de los impulsores del proyecto de ley es el republicano Mike Waltz, un halcón elegido por el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y no se anda con rodeos.
SOLIDARIDAD con activistas. “Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, afirma en un comunicado publicado el lunes.
“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda ni consuelo a sus opresores”, añade el congresista republicano, partidario de ampliar las sanciones.
