El diplomático también ofreció disculpas al ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por haberle negado el jueves esa decisión adoptada por el Departamento de Estado de su país.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,
que inicialmente había negado esa suspensión, tras dialogar con el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfied, admitió también que el diplomático pudo estar desinformado. EFE | Ampliar imagen
“Le debo al ministro de Defensa Nacional una gran disculpa. Le dije ayer que no habíamos tomado ninguna decisión relacionada con el caso de Soacha”, dijo Brownfield en una rueda de prensa celebrada en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.
Con el “caso Soacha”, el embajador se refirió a la veintena de jóvenes que desaparecieron en enero pasado en esta localidad cercana a Bogotá y que días después fueron reportados como “muertos en combate” en otra zona del país, cuando al parecer habían sido reclutados y ejecutados por el Ejército.
Este escándalo ha supuesto ya la destitución de 27 altos mandos militares y la renuncia del propio jefe de la institución castrense, Mario Montoya.
“Me equivoqué. La decisión fue hace un par de días de no ofrecer apoyo y asistencia a elementos o a tres unidades específicas (...); descubrí después que sí habíamos tomado la decisión”, insistió hoy Brownfield.
Sin embargo, se abstuvo de identificar las guarniciones afectadas de las que, señaló, nunca han recibido ayuda directa de su país.
Los adolescentes de Soacha desaparecieron en enero pasado, cuando fueron dados por “muertos en combate” en el departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de Bogotá, por el propio Ejército, y fue hasta septiembre que se descubrió que habían sido reclutados y ejecutados.
Este es el último caso de los llamados “falsos positivos”, supuestos logros del Ejército utilizados para enaltecer la lucha antiterrorista, pero que en realidad se trata de asesinatos de civiles que son presentados como “bajas en combate”.
En este sentido, Brownfield explicó que en Estados Unidos hay “una obligación legal de verificar denuncias de personas, Gobiernos o instituciones” en casos de violaciones a los derechos humanos y en los llamados “falsos positivos”.
Es así como deciden si ofrecen “apoyo, asistencia o entrenamiento a unidades militares”, dijo.
Agregó que la decisión adoptada por el Departamento de Estado busca “forzar cambios de comportamiento” en esas unidades del Ejército, aunque aclaró que “es posible en el futuro restablecer ese apoyo”.
También señaló que actualmente esas unidades militares “no recibían apoyo directo del Gobierno” estadounidense.
Por su parte, Santos explicó desde Bogotá que EE.UU. había suspendido la asistencia a tres unidades militares “con base en la información proporcionada por el Gobierno de Colombia”.
Tras resaltar que el Gobierno ya tomó las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, Santos confió en que se levante rápidamente el “veto” a las tres unidades militares.
“Con las reformas que estamos haciendo y las decisiones que ya hemos tomado, esperamos que esa especie de veto se levante muy pronto, porque lo que estamos haciendo precisamente es corregir los problemas en esas unidades”, abundó.
El funcionario indicó que Colombia ha fortalecido su política de derechos humanos no por exigencia de EE.UU., sino porque hace parte de la estrategia de seguridad implementada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe.
“Por convicción propia vamos a tomar todos los correctivos para que este problema de los derechos humanos desaparezca definitivamente de las Fuerzas Militares”, subrayó.
El ministro también anunció el fortalecimiento de las inspecciones militares, con el fin de darle mayor celeridad y transparencias a las investigaciones sobre presuntos abusos de miembros de la Fuerza Pública.