Los auditores indicaron que en su informe que las farmacias emitieron las facturas correspondientes a nombre de los beneficiarios. La no presentación de estas facturas, que bien la Dibén pudo solicitarlas, según la CGR, afectó a la ‘‘confiabilidad de los registros del programa’’.
En su descargo, la institución dirigida por Carmen Alonso, aspirante al senado por Fuerza Republicana, argumentó que no ha tenido acceso directo al pago del subsidio, que la validez de las planillas cumple con todos los recaudos administrativos necesarios para la verificación de las transferencias de los subsidios y que las facturas cumplen funciones tributarias que no fueron contempladas en el programa Pytyvõ Medicamentos.
La CGR recomendó medidas administrativas necesarias para que los servicios y asistencias se encuentren respaldados con documentos que avalen la gestión y uso de los recursos del Estado.
Entre otras irregularidades, se hallaron el uso de recetas adulteradas, sin firmas o sellos tomados como válidos; cantidades excesivas de fármacos recetados e importes que superan los límites del subsidio por paciente en UTI.