El Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante este juicio en el marco de la conocida como “causa Vialidad” desde mayo de 2019, también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
Lorena Tocci, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró a EFE que todavía es “prematuro” hacer un balance de este veredicto, cuyos fundamentos completos se publicarán el 9 de marzo próximo.
En un comunicado, el Tribunal señaló que tiene la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional” mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz que “fueron sistemáticamente adjudicadas” a firmas vinculadas con el empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 6 años de prisión.
RECURSOS POSIBLES. Una vez que se difundan los fundamentos de la sentencia, Cristina Fernández podrá apelar ante una instancia superior, la Cámara de Casación Penal.
Una vez transitada esta instancia, la vicepresidenta, que aún está inmersa en otras causas judiciales podría presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el último admisible dentro del sistema judicial argentino.
Como vicepresidenta de Argentina, cargo que ocupará hasta el 10 de diciembre de 2023, Cristina Fernández cuenta con “inmunidad de arresto”, característica que surge de la combinación de una serie de normas constitucionales y de la Ley de Fueros.
Mientras esté en ejercicio de estas funciones, Fernández solo podría entrar en prisión si previamente es destituida por la vía de juicio político, un mecanismo previsto en la Constitución y que, hoy por hoy, tiene pocos visos de salir adelante por la conformación del Congreso.
Cuando abandone su puesto, Fernández pasará a ser una ciudadana común y perderá dicha inmunidad, aunque presumiblemente seguirá en libertad mientras se resuelven los eventuales recursos.
Sin embargo, los jueces podrían solicitar prisión provisional mientras la sentencia no esté firme.
En cualquier caso, la ex mandataria aún dispondría de otra facultad para eludir la entrada en prisión: el próximo 19 de febrero cumplirá 70 años y, según el sistema judicial argentino podría solicitar la prisión domiciliaria, decisión que quedaría en manos de los jueces de la causa.
El futuro de la ahora condenada vicepresidenta argentina Cristina Fernández es incierto. Podría presentar recursos contra el fallo y también existe la posibilidad de que ingrese a prisión.