Tras la denuncia promovida ante la Fiscalía General del Estado, los legisladores se exponen a 10 años de prisión y la conducta se puede catalogar como uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias.
Consultado el diputado Colyn Soroka, de la bancada de Añetete, sobre esta situación que salpica a la Cámara Baja y a sus colegas, aunque no figuró entre los que firmó la nota a la Corte, señaló que “no se había enterado” que había denuncia contra sus pares. No es el único que restó importancia al tema, sino varios de los denunciados a quiénes se llamó insistentemente para conocer su opinión evitaron hablar del caso.
Los diputados que quisieron presionar a la Corte fueron los colorados Pedro Alliana, Basilio Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías, Néstor Ferrer y Derlis Maidana.
La lista sigue con Freddy D’Ecclesiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González. Además entre los liberales que intentaron hacer el “apriete” están Édgar Ortiz, Andrés Rojas, Hugo Capurro y Enrique Mineur. Tras la publicación de las DDJJ se detectaron notorios incrementos en las fortunas de los mismos.