El constitucionalista Osvaldo Granada Salaberry manifestó que este hecho se contrapone con la Constitución y que representa una “absoluta inconducta” por parte de los legisladores.
El artículo 196 de la Carta Magna, “de las incompatibilidades”, señala que “Ningún senador o diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas, por sí o por interpósita persona”.
Mientras que el artículo 197, de las inhabilidades, indica que en el inciso 6 que “No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado”.
“Es como que un juez actúe en causa propia y esté juzgando sus propios actos. El hecho de que ellos estén legislando sobre materia de donde deberían inhibirse absolutamente de intervenir, es romper todos los límites de la ética, de la legalidad y de la constitucionalidad”, manifestó el abogado.
Señaló que incluso se conoce la práctica de utilizar prestanombres, para cubrir sus inconductas, que sobrepasa la legalidad. Recordó que los artículos de la Constitución 196 y 197 se crearon precisamente para evitar estos actos.
Un proyecto de ley de conflicto de intereses fue presentado el año pasado, pero nunca recibió dictamen de comisiones para que sea tratado. Con esta normativa, el hecho de que funcionarios estatales tengan empresas vinculadas al sistema público, como el caso de los diputados con Petropar, sería penalizado, además de los casos de puerta giratoria, que es cuando un funcionario traslada al sector privado información privilegiada obtenida por su cargo público, como el caso de los ex presidentes de la INC Jorge Méndez, y de Petropar Eddie Jara, que hoy día son gerentes de las empresas de Horacio Cartes, su cementera y los surtidores Enex, respectivamente.
De hecho, son los colorados los que impiden que el proyecto corra trámite.
Entre los diputados señalados por explotar estaciones de servicio de Petropar (algunos beneficiados con la concesión y financiación durante el gobierno de Cartes) y otros emblemas privados, son los cartistas Pedro Alliana, Basilio Núñez, Del Pilar Medina, Blanca Vargas y Erico Galeano, y los oficialistas Tomás Rivas y Jazmín Narváez.
En algunos casos, Petropar financió el montaje de sus estaciones de servicio. Una de las beneficiadas es la pareja de Bachi, en Villa Hayes, cuya estación fue construida en 2018. Blanca Vargas, incluso, es proveedora de la Municipalidad en Minga Guazú. También Tomás Rivas, en Ybycuí, entre otros.
Alliana confirmó que su familia tiene una estación del emblema Petropar y otra de Barcos y Rodados, pero que no se imaginó que iba a existir una crisis del crudo.