El Tribunal de Apelación en lo Penal destrabó el caso del ex senador Víctor Bogado en la querella que le entabló la diputada Celeste Amarilla por presunta denigración de la memoria de un muerto, por lo que ahora se podrá fijar de nuevo la fecha para el juicio oral y público.
En forma unánime, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander confirmaron la resolución de la jueza de Sentencia, María Fernanda García de Zúñiga, del 6 de octubre pasado.
La misma había declarado la rebeldía, ordenado la captura del ex legislador colorado, a más de declarar la interrupción de los plazos procesales de duración del procedimiento.
La defensora Gessy Ruiz Díaz cuestionó la resolución con el argumento de que no estaba fundada, que no solo se expuso la libertad, sino también que se interrumpen los plazos procesales.
“El efecto interrumpido afecta directamente mi situación procesal y mis eventuales defensas respecto al cumplimiento del plazo razonable del dictado de una resolución”, alega.
También indica que la interrupción del plazo obviamente le afecta y que, según el artículo 83 del Código Procesal Penal, la rebeldía solo suspende y no interrumpe el plazo.
La querella a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicitó confirmar el fallo debido a que no se justificó su inasistencia y no existía un agravio real para el acusado.
TRIBUNAL. Por su parte, los camaristas afirman que el procesado dice que justificó su inasistencia, presentando una constancia de aislamiento, y el documento de realización del hisopado, que estaba pendiente.
Remarcan que esto genera dos posibilidades en torno a celebrar la audiencia, una que el estado de salud del acusado sea deplorable y esto le impida estar en la audiencia, lo que no fue referenciado por la defensa. Es más, que prueba de ello es que al día siguiente de la rebeldía ya se presentó ante la jueza. A su vez, dice que el mismo día de la audiencia, se verificó que el test salió negativo, por lo que se puede inferir, dicen, que sí se podía hacer la audiencia por medios telemáticos.
Con ello, apuntan que hay indicios suficientes para decir que se trata de una conducta obstruccionista y reacia al sometimiento de las órdenes de los juzgados. De esta manera, ratifican la resolución de la magistrada.
Ahora, se podrá fijar la fecha para el juicio oral. Se le acusa de denigrar la memoria del ex titular de la Itaipú, Franklin Boccia, fallecido esposo de la diputada Celeste Amarilla. Dijo que debía ser procesado por el caso “niñera de oro”.