Semanas atrás, tres parlamentarios de la Cámara Alta, entre ellos congresistas recién electos, presentaron un proyecto de ley que, según ellos, será de gran beneficio para la comunidad educativa: Una normativa que pretende restringir, censurar o regular el uso de los teléfonos celulares dentro de la sala de clase.
Para colmo, de acuerdo con la propuesta, todo el peso del control cae sobre el pobre docente, que ya tiene mil tareas dentro y fuera de las aulas. Encima, ya existe una resolución del MEC sobre este tema. Básicamente, ambos documentos son lo mismo. Entonces, para qué perder el tiempo con semejante barbaridad en el Parlamento, donde ya hay un tipo suelto que a cintarazos amenaza con ser el próximo dictador.
La principal preocupación del profesor hoy es la falta de capacitación, la ausencia de tecnologías que puedan disminuir la burocracia y donde el principal distractor no es un celular, sino el propio sistema educativo.
Un sistema obsoleto con estudiantes que se aburren, con profesores mal pagados y que no cuentan con herramientas de innovación propuestas desde el Estado.
Es más, faltan maestros que utilicen mejor sus teléfonos móviles; que sean tuiteros. Que puedan impartir clases de refuerzo a través de YouTube, por ejemplo.
En cualquier país del mundo esto ya ocurre.Justamente, este tipo de congresistas son los que se oponen a recaudar más y mejor a través del incremento impositivo a productos gaseosos, de alcohol, tabacos o soja.
Impuestos que pueden ir a la mejora de la salud pública, pero que también podrían destinarse a la educación en esta tierra sin mar, donde lo que se invierte en el sector es como cuatro veces menos que lo que destinan en el otro país sin costa al océano en la región.
Más vale que un alumno encuentre más entretenido estar con el celular en clase antes que, quizás, atendiendo al profesor de inglés.
Ese inglés que tanto promocionan los colegios privados, pero que cada año es más de lo mismo.
Pese a que esta materia está presente hoy en casi toda la vida escolar, los alumnos no salen del tercero de la Media hablando y escribiendo en el idioma.
Mientras, el MEC se encuentra en una de sus peores crisis internas de los últimos tiempos. Como siempre, la culpa la tienen los políticos, desde el presidente que no pone en el sitio a las personas adecuadas, hasta esos que aceptan el cargo para el cual no están calificados.
Un fuego cruzado entre el ministro de Educación, Eduardo Petta, y la ex viceministra Nancy Ovelar –cargando ambos algo de razón y algo de culpa– desnudó públicamente cómo se da la lucha de poderes dentro de la cartera.Se emprendió una justa carrera en contra de quienes poseen rubros docentes pese a no ir a las escuelas, dejando a cientos enseñando gratis.
Lastimosamente, enceguecido por sus creencias personales, el político ex titular de la Caminera decidió dar voz solo a un sector.
“Una escuela y una sociedad que se construyen dejando personas fuera no puede ser justa.
No están completas”, reflexiona la orientadora española María José G. Cornell. Y, precisamente, lo que alertan desde organizaciones defensoras de los derechos humanos es que con este sectarismo que demostró Petta unos días atrás, se generen políticas de exclusión en el ámbito que nos ocupa, el educativo.
