Editorial

Derrochar dinero en operadores políticos es ignorar grave crisis

Sin tener absolutamente en cuenta que hace pocos días el Banco Central admitía que la economía paraguaya se encuentra en grave recesión económica, y se recomendaba ajustar los cinturones y cortar todo tipo de gastos superfluos para impulsar una reactivación, la gran mayoría de los diputados decidieron aprobar una reprogramación de 1.995.245.888 guaraníes del Presupuesto, a fin de pagar salarios y aguinaldos a 250 operadores políticos contratados de manera irresponsable por el ex titular de la Cámara Baja Miguel Cuevas. Esta acción populista e inconsciente busca mantener los intereses de los partidos políticos a costa del dinero de los contribuyentes, que son los que más sufren los efectos de la crisis.

Al parecer, la mayoría de los diputados no se enteraron de que el Banco Central del Paraguay (BCP) confirmó oficialmente que el Paraguay se encuentra en plena recesión económica, con una caída del 3% del PIB en el segundo trimestre, considerada como la situación más delicada de la última década, y que por tanto había que adoptar varias medidas de recortar gastos superfluos y ajustar los cinturones para intentar lograr una reactivación. O si se enteraron, no les importa mucho que gran parte de la ciudadanía, especialmente los sectores más humildes, tengan que sufrir mucho más ante este difícil panorama.

Solo así se puede explicar que 62 legisladores, con la única oposición de la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, en la sesión del miércoles último hayan decidido aprobar la reprogramación de 1.995.245.888 guaraníes del presupuesto de la Cámara Baja, a fin de pagar los salarios y aguinaldos de 250 operadores políticos que fueron contratados de manera irresponsable por el congresista colorado oficialista Miguel Cuevas, cuando este era el presidente de la Cámara de Diputados.

Sin que exista ninguna necesidad ante la superpoblación de funcionarios que ya existía en la Cámara, Cuevas gestionó y autorizó la contratación de 250 personas, en su mayoría operadores políticos que conforman la clientela de los principales sectores partidarios representados en el Congreso. Es decir, ya había más que suficientes empleados en el Poder Legislativo, pero aún así contrató a muchos más para pagar favores contraídos en épocas de campaña electoral y para seguir teniendo gente a la que movilizar en tareas de proselitismo, sin importarles que el dinero que se les regala salga del bolsillo de los contribuyentes.

Actualmente existen más de 2.380 funcionarios en Diputados, y muchos de ellos carecen de funciones específicas. Aunque el propio actual presidente de Diputados, Pedro Alliana, había denunciado junto a varios otros colegas las irregularidades cometidas por Cuevas, no han hecho nada por corregirlo y acabaron autorizando la reprogramación, en un momento en que tanto las autoridades y los técnicos del BCP, como los principales referentes del Equipo Económico del Gobierno advertían sobre la grave recesión que ahora afecta a la economía paraguaya, y recomendaban una serie de medidas, entre ellas suprimir y evitar los gastos superfluos y evitar conceder reprogramaciones salariales.

Por ello, la actitud populista e inconsciente de la gran mayoría de los diputados, al decidir derrochar montos millonarios del dinero público en mantener a los operadores políticos en la institución legislativa es una actitud condenable, que va totalmente de contramano al espíritu de austeridad y de responsabilidad que se requiere en esta emergencia por parte de la clase política y en especial de quienes dicen ser representantes del pueblo.

Una vez más, los congresistas ratifican las razones por las que la ciudadanía denomina a la Cámara de Diputados como “la Cámara de la vergüenza y la impunidad”. Justo cuando se requiere que asuman un compromiso histórico, ellos prefieren dilapidar el dinero del pueblo con total discrecionalidad. Total, no son los que sufrirán la crisis.

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