La jueza Nélida Alvarenga denunció ante la Fiscalía a los escrachadores, señalando que el intendente municipal Miguel Prieto fue quien estuvo llamando a sus seguidores a evitar el cumplimiento de una orden judicial firmada por ella, la cual inició las amenazas en su contra y su familia en las redes sociales y terminó con el escrache.
Los manifestantes lanzaron combustible, madera y basuras que podrían causar daños materiales de gran consideración, con la explosión de petardos hacia el domicilio, en la noche del lunes, según la denuncia.
Alvarenga había ordenado la restitución de la administración de la Terminal de Ómnibus a la firma Itá Paraná SA por parte de la Municipalidad, que había resuelto retomar la administración con una resolución de Prieto. La jueza defiende su resolución y señala que se ajusta a derecho.
Fue en el marco de un juicio de amparo constitucional iniciado por la firma afectada, que fue apelada por los asesores jurídicos de la Municipalidad, quienes, por su parte, criticaron la resolución y señalaron que la magistrada habría negociado para resolver en contra de la Comuna.
La noticia de la resolución judicial impulsó a cientos de ciudadanos que se atrincheraron en la Terminal de Ómnibus, para defender la postura de la administración municipal y no permitieron que una actuaria judicial devuelva la administración a la empresa privada. Paralelamente, Prieto anunció que recurrirían la orden judicial e informó que la Comuna estuvo siendo privado de más de 1 millón de dólares anuales en ingresos por parte de la empresa privada, que administró la Terminal durante más de 30 años.
Luego de impedir el cumplimiento de la orden judicial, los manifestantes se trasladaron al domicilio de la jueza, que pidió que se investigue a los responsables del hecho punible, señalando que las declaraciones de Prieto se encuentra en redes sociales. EM