“Les pido que se retiren de esta propiedad al Grupo Cervantes, del señor Rubén Bernal, que está ocupando 15 mil hectáreas; las 22 mil hectáreas restantes están invadidas por Abram Penner, Pozo Hondo, Los Pioneros, nuestro querido ex senador Jorge Oviedo Matto, Erno Weber, Gunter Weber”, señaló Rodríguez.
También están señalados en la denuncia la Yunta SA, María de la Mercedes Aguerrondo Calvar, Adelio Luis Dellacella Medici, Mario Adelio Della Cella Medici y Typical SA.
Explicó que dichas tierras fueron adquiridas primeramente del Estado paraguayo por un conglomerado de empresarios, a principios de los ochenta, entre los cuales se encontraba el propio padre del senador colorado Enrique Riera.
Posteriormente, en el año 1998, el Estado volvió a comprar dichas tierras con el fin de entregárselas al Pueblo Manjui, quienes presentaron la solicitud de recuperación de sus tierras ancestrales al Indi.
Según el detalle, el Estado paraguayo pagó entonces la suma de G. 2.419.619.854 por dichas tierras.
Invasores vip. Uno de los principales invasores señalados es el Grupo Cervantes, que pertenece a Óscar Rubén Bernal Quiñónez, quien intentó apropiarse de unas 15 mil hectáreas a través de un juicio de usucapión, en el año 2017, que utilizó una boleta de pago de impuesto inmobiliario falsa, según la denuncia presentada.
El entonces juez de primera instancia del Juzgado de Multifuero de Mariscal Estigarribia, Aníbal Ortiz Granada, dictó su sentencia definitiva a favor de Bernal, y ordenó inscribir la propiedad a su nombre y con la nueva dimensión, lo cual beneficiaría también a los demás invasores.
Sin embargo, el entonces director del Servicio Nacional de Catastro (SNC), Francisco Ruiz Díaz, se negó a inscribir y emitió informes y denuncias a las distintas instituciones del Estado, advirtiendo del intento ilegal de apropiarse de tierras públicas.
Esto fue suficiente para que el propio juez, quien actualmente ya está destituido, anule su propia sentencia, ya que la ley establece que las tierras del Estado no pueden ser objeto de usucapión.
La denuncia de Ruiz Díaz fue presentada ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Indi, que actualmente impulsa una nueva mensura judicial.
La comunidad indígena del pueblo Manjui Wonta Santa Rosa, quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios, viven en tierras que fueron adquiridas por una misión evangélica, a lado de las tierras que el Estado les debió haber destinado, en condiciones muy precarias y chantajeados por sus vecinos invasores.