La Defensoría del Pueblo se aprovecha de cualquier posibilidad para recaudar, como se pudo observar en pruebas referentes a cobros irregulares de objeción de conciencia y de indemnizaciones a víctimas de la dictadura. Pero la institución –liderada por Miguel Godoy– no se limita a esos conceptos. Una denuncia revela que, además, inscribe como objetores de conciencia a ciudadanos extranjeros con radicación permanente, sobrepasando las normativas.
Los extranjeros no están obligados a realizar el servicio militar, por lo que no necesitan ser objetores.
El artículo 129 de la Constitución Nacional, del Servicio Militar Obligatorio (SMO), señala que “todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada de la patria. A tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber (…). La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional”.
También el artículo 15 de la Ley 569 del SMO, menciona que la obligación es únicamente para el ciudadano paraguayo, no para el extranjero con radicación permanente.
“Todo ciudadano paraguayo varón natural o naturalizado, está obligado a enrolarse desde los diecisiete hasta los cincuenta años de edad”, indica el artículo.
Pese a todas estas normativas, desde la Defensoría se inscribe a ciudadanos extranjeros con fines recaudatorios.
La abogada Giselle Rivas, ex funcionaria de la Defensoría, quien estuvo a cargo de evaluaciones documentales sobre inscripciones, siendo asistente de la Dirección General, denunció que estos hechos irregulares fueron informados ya incluso años atrás, pero no fueron tenidos en cuenta.
Indicó que a través de Migraciones, los extranjeros que quieren obtener la radicación permanente, pero sin adquirir la nacionalidad paraguaya, firman una declaración jurada donde se comprometen a mandatos constitucionales, y que los delegados de la Defensoría utilizan esta premisa para presionar a las inscripciones, pese a que no existe un mandato constitucional que los obligue.
“Los extranjeros son los primeros que pagan, en ciudades fronterizas, principalmente, porque desean trabajar, y no quieren tener problemas, pero los funcionarios se aprovechan y no les informan”, sostuvo Rivas.
En el listado al que pudo acceder Última Hora, se observan los datos de ciudadanos de nacionalidad extranjera, como argentinos y otros, que están inscriptos.
JUICIO POLÍTICO. La Cámara de Diputados anunció que convocará a una sesión extraordinaria para el miércoles 28 de setiembre, a las 08:30, para tratar el pedido de juicio político al defensor del Pueblo, Miguel Godoy.
Hay más de 50 causales en contra del defensor, entre las más graves se encuentra una denuncia de un negociado con cobros irregulares a los objetores de conciencia, para lo que se montó todo un esquema de recaudación, incluso con metas para cada funcionario. Godoy tiene encima denuncias de escandalosos casos de corrupción y de maltratos.
