El actual defensor del Pueblo, Rafael Ávila, afirmó que van encontrando serias irregularidades en la institución, a medida que avanza una revisión que dispuso tras la renuncia de Miguel Godoy.
Ávila adelantó que hallaron, por ejemplo, firmas presumiblemente falsificadas en expedientes de víctimas de la dictadura para cobro de indemnización. “Hay documentos con firmas dudosas”, reveló el defensor.
Explicó que detectaron varios casos donde la firma de la víctima en su cédula de identidad no se condice con las que se observan en su expediente. “Al mirar ya te das cuenta de que no es la firma, no hace falta ser perito”, aseveró.
De hecho, ya cuando ocupaba el cargo de defensor adjunto, antes de tener que asumir la titularidad de la institución, Ávila advirtió internamente sobre la situación.
A través de una nota, de fecha 5 de abril pasado, había comunicado a la Dirección General de Gabinete que no aprobaría expedientes de víctimas de la dictadura “con aparentes alteraciones documentales, así como firmas bastantes cuestionables”. Asimismo, había solicitado una investigación referente a la “burda falsificación de firmas”.
“Solicitamos un inventario completo de toda la documentación sobre víctimas, de todos los expedientes, y vamos a ir analizando caso por caso”, comentó Ávila.
Justamente, el manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura era una de las causales en el libelo acusatorio que se había presentado en Diputados para enjuiciar políticamente a Miguel Godoy, quien finalmente dimitió de su cargo.
De acuerdo con el libelo, la administración de Godoy mostraba una “preferencia” para resolver recursos de reconsideración con respecto a montos ya otorgados, por sobre pedidos aún sin resolución.
ÚH había divulgado varios audios filtrados de gestores, dejando en descubierto todo un esquema de coimas alrededor de las indemnizaciones. En dichos audios se mencionan pagos por resoluciones a quien fuera director general de Gabinete de la Defensoría, Carmelo Núñez.
Miguel Godoy renunció a la titularidad de la Defensoría del Pueblo el pasado 28 de setiembre, luego de que el movimiento Honor Colorado, que era el único que lo sostenía, le soltara la mano y anunciara su apoyo a un eventual juicio político en su contra, planteado en Diputados.
Recordemos que el Ministerio Público tiene en curso una investigación sobre el supuesto delito de exacción que es atribuido al ex defensor, en una denuncia formulada por la abogada Diana Vargas el pasado 30 de agosto.
La denuncia refiere que más de 4.000 objetores de conciencia fueron persuadidos para abonar una contribución que no tenían la obligación de pagar.
Sobre la actuación fiscal, solo se supo de unos pedidos de informes realizados. La investigación fue asignada al agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Jorge Arce.
Documento. Nota de fecha 5 de abril, enviada por Rafael Ávila a la Dirección de Gabinete, en relación con la falsificación de firmas en expedientes de víctimas de la dictadura.