El 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción. Debemos recordar que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar para defender lo que es correcto.
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Ataca los cimientos de las instituciones democráticas, pervierte el estado de derecho, frena el desarrollo económico, permea la seguridad pública y facilita la impunidad. Socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervierte el imperio de la ley y crea atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia las raíces del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.
La corrupción afecta todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando la protección de nuestro planeta, favoreciendo la creación de empleos así como la igualdad de género y garantizando un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) que entró en vigor en diciembre de 2005, y solicitó al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención. Para crear conciencia contra esta problemática global y difundir el valioso papel de la Uncac a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
La implementación de la Uncac en los diferentes Estados parte, conforme a sus lineamientos, se alinea al ODS 16 “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS”. La importancia de la lucha contra la corrupción se destaca explícitamente en el Objetivo 16, que le exige a los Estados a promover sociedades pacificas e inclusivas, acceso a la justicia e instituciones eficaces y responsables.
La Uncac cuenta con cuatro pilares sustantivos: a) Medidas preventivas: comprende una serie de acciones que deben implementar los Estados parte para prevenir la corrupción, las cuales afectan al sector público y privado; b) Penalización y aplicación de la ley: incluye el catálogo de delitos de corrupción que deben ser tipificados en los diferentes Estados parte, así como ciertas reglas de punibilidad con respecto a estos; c) Cooperación Internacional: Contiene normativas tendientes a posibilitar la prestación de asistencia en las investigaciones y procedimientos relacionados con la corrupción entre los diferentes Estados parte; y d) Recupero de activos: comprende normativas que pretenden establecer los lineamientos para el recupero de activos vinculados a hechos de corrupción previstos en la Uncac.
Aprobada en el Paraguay en el 2005, mediante la Ley 2535 de ese año, la Uncac se ha convertido en una herramienta práctica para desarrollar una respuesta integral a un problema global y resultó de suma importancia para alinear las diversas estrategias estatales implementadas para prevenir y combatir la combatir la corrupción, propiciar la transparencia, rendición de cuentas y participación, y, especialmente, en lo concerniente al Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) establecido por el Decreto 4458/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, el cual fue elaborado bajo liderazgo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) en el marco de las actividades desplegadas por el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT).
La Unodc brinda asistencia técnica a los Estados Parte basada en una amplia gama de instrumentos internacionales, un conjunto de guías y estrategias nacionales anticorrupción y buenas prácticas de ética y cumplimiento aplicables a todos los ámbitos.
Asimismo, apoya a los diferentes Estados parte en el completar el Mecanismo de Examen de la Aplicación (IRM) de la Uncac y brindar asistencia técnica enfocada en las recomendaciones que surjan del proceso. Cabe recordar que el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Uncac, constituye un proceso de revisión entre pares que ayuda a los Estados a implementar de manera efectiva la Convención mediante la identificación de sus buenas prácticas, desafíos y necesidades de asistencia técnica. El primer ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Uncac relativo a Paraguay, comprendió los capítulos de III (Penalización y Aplicación de la Ley) y IV (Cooperación Internacional) y fue examinado por Colombia y Filipinas. El segundo ciclo abarcó los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de activos) y está siendo examinado por Bahamas y Saint Lucia .
En cuanto al capítulo III de Penalización y Aplicación de la Ley analizado en el primer ciclo, surgieron entre otras recomendaciones, la necesidad de aplicar una política estatal de protección del denunciante a nivel nacional y considerar la posibilidad de garantizar la estabilidad laboral del denunciante de buena fe por actos de corrupción tanto en el ámbito público como privado; así como la adopción de medidas tendientes a mejorar el sistema de estadísticas y búsqueda de casos por delitos tipificados de acuerdo con la Convención y considerar la posibilidad de reforzar institucionalmente el funcionamiento y la estabilidad de la Senac estableciéndola por ley nacional.
Actualmente, la Unodc conjuntamente con Secretaría Nacional Anticorrupción y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se encuentra implementando el proyecto financiado por INL del Gobierno de los Estados Unidos, denominado: “Sistemas de Contratación Pública Transparentes para responder y recuperarse de la crisis de Covid-19 y de posibles emergencias futuras”, cuyo objetivo es establecer y fortalecer mecanismos de coordinación y crear procesos transparentes de contratación pública, no sólo, para responder y ayudar en la recuperación de la crisis de la Covid-19, sino también, para que las medidas adoptadas se ajusten a los compromisos de la Uncac.
En el marco del mismo, se han llevado a cabo diagnósticos, grupos focales con autoridades públicas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, talleres regionales y a nivel nacional sobre los diferentes componentes del proyecto.
La implementación adecuada de la Uncac en los diferentes Estados parte, propicia el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, disminuyendo los riesgos de corrupción que se presentan en ambos ámbitos. Es por ello que, resulta indispensable el trabajo articulado entre todos los sectores de la ciudadanía (sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia, los jóvenes, representantes deportivos y los medios de comunicación), para prevenir y combatir la corrupción de manera integral.
Como lo ha expresado la Directora Ejecutiva de la Unodc, Ghada Waly: “Los 1.800 millones de jóvenes del mundo son los que más están en juego y tienen la perspectiva y la convicción para encontrar soluciones transformadoras a la corrupción y hacer que los líderes rindan cuentas. Debemos crear oportunidades para que los jóvenes puedan cumplir con su papel de futuros guardianes de la integridad”.
Afirmando nuestras esperanzas de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, por los derechos de todos, cumplamos con nuestro papel al decir No a la Corrupción.
Autor: Antonino De Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Perú, Ecuador y responsable de la coordinación de operaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.