De Vargas explicó que “desde un principio advertimos que la sentencia cuenta con errores aberrantes, ya que es contradictoria porque se aparta de los hechos que acusa la Fiscalía. La Fiscalía dice que no existen los equipos, pero el Tribunal reconoce la existencia de los equipos, con la marca y modelo. Entonces, si lo equipos existen y no fueron sobrefacturados no hay delito porque no hay perjuicio patrimonial”.
En ese sentido, De Vargas remarcó que “la sentencia posee llamativas y notorias contradicciones ya que la condena se sustenta en supuestos hechos que no sostuvo la fiscalía en su acusación”.
Al respecto, explicó que “la Fiscalía sostuvo que los ministros de Senad pagaron por equipos sensibles que no existen o que no recibieron, sin embargo, los tres jueces admiten en la resolución que los equipos sí existen y que son de la marca que está en el contrato. No existe daño patrimonial que es un requisito ‘sine qua non’ para que se configure la lesión de confianza. Al existir los equipos, los jueces en mayoría desarrollan una teoría no sustentada por la Fiscalía, y dicen que lo que tal vez ocurrió es que hubo una ‘triangulación indebida’ de los recursos del Estado, pero esto no está sustentado en ninguna prueba y es una inferencia a la que llega el Tribunal, en mayoría, fuera de todo razonamiento jurídico y por sobre todo apartándose de la acusación”.