Del medio millar de supuestas vacunaciones irregulares, ayer, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron que 88 casos no contaban con los documentos que respalden la inmunización. Es decir, que se trataron de vacunaciones vip, ya sea fuera del rango de edad o del grupo poblacional de riesgo.
El ministro de Salud, Dr. Julio Borba, precisó que de un total 518 vacunaciones investigadas, la mayoría salieron a la luz por denuncias de la ciudadanía en las redes sociales, 430 pudieron justificar documentos respaldatorios. Esto significa que cuentan con aparentemente con actas en la que se deja constancia de la aplicación del biológico por fuera de la primera etapa de priorización del plan nacional de vacunación.
La ocurrencia de este tipo de eventos se fundamenta, entre varios escenarios, principalmente sobre la base de la política de frascos abiertos, cuya finalidad es evitar la pérdida de biológicos.
Por lo que de la abultada cantidad de casos denunciados, 88 corresponderían a personas que se adelantaron y dejaron sin vacunas al grupo que en este momento está siendo priorizado: Los adultos de 75 años en adelante; a quienes se les sumarán las personas de 70 años a partir del próximo lunes.
PRIVILEGIADOS
En la caterva de avivados, figura Mirta Gusinky (73), quien al principio negó públicamente haberse vacunado y después ante el escándalo renunció a su banca en el Senado. También aparecen otros ex legisladores como Cornelius Sawatzky (72), Elba Recalde (70), Celso Troche (66) y Rodolfo Max Friedmann Cresta (66), padre del actual senador del mismo nombre. El ex fiscal general, Rubén Candia Amarilla (65), admitió haber sido vacunado, el 11 de abril, en el Hospital General de Barrio Obrero.
Llamó la atención que en el listado de supuestas vacunaciones vip hay al menos 39 funcionarios públicos, de entre 25 a 59 años de edad, que se vacunaron en el transcurso de abril.
Por lo demás, figuran en la lista de vacunados al menos 250 ex candidatos y autoridades municipales electas, cuyas edades van de 60 años y más. A raíz de esta situación, la fiscal María Luján Estigarribia elevó el miércoles pasado un pedido –en carácter de urgente– a la cartera sanitaria requiriendo, primero: El listado completo de las personas que se han vacunado y que no estaban en el rango de edad para recibir las dosis de los vacunatorios de todo el país.
CARPETA FISCAL Y SUMARIOS
El ministro Borba aseguró en la víspera que remitirán todos los antecedentes de cada uno de los casos denunciados al Ministerio Público; tanto de los que tienen actas de justificación como los que no, para su investigación penal.
Esto permitirá deslindar responsabilidades y castigar eventualmente a los que infringieron la norma.
A la vez, el secretario de Estado manifestó que se procederá a la apertura del sumario administrativo correspondiente en las regiones sanitarias afectadas para determinar el grado y cadena de responsabilidad del listado en cuestión.
Sobre la cantidad de funcionarios de Salud que están siendo investigados por las vacunaciones irregulares, indicó que lo harán público luego de remitir las documentaciones a la Dirección de Asesoría Jurídica y al Ministerio Público.
No obstante, hasta el pasado miércoles, el ministro de Salud había comentado que hasta ese entonces cinco directores de hospitales fueron apartados de sus cargos.
En cuanto al listado de fallecidos en el sistema vacunate.gov.py, se identificaron poco más de 1.000 casos, de los cuales 441 ya fueron verificados por el sistema de defunciones. Los demás continúan en investigación, según reveló el licenciado Edgar Tullo, director de Información Estratégica del MSP.
“Hemos cruzado con el sistema vacunate: Encontramos cerca de 1.055 casos que estamos comparando con el certificado de defunción y estamos limpiando”, comentó.
A partir de lo ocurrido, dijo, se ha tomado la decisión de que en el momento de registrar a cada persona en la plataforma Vacunate, y si su número de cédula está registrado en la base de datos de defunciones del Ministerio de Salud, “esa persona ya no se pueda registrar”, apuntó.
Tullo expresó que este proceso va a llevar tiempo revisar todos porque están revisando la lista de inscriptos. “Una vez que tengamos todo revisado, eso se a ir disminuyendo la cantidad de denuncias que estamos registrando actualmente”, refirió.