El costo de G. 127.500.000, que pagó el Consejo de la Magistratura (CM) a la empresa Jobs por los test sicotécnicos que aplicó a los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue duramente cuestionado por varios juristas, quienes indicaron que es 25% más caro que lo pagado hace 2 años.
El contrato con la empresa Jobs Servicio de Recursos Humanos SRL fue firmado por el titular del Consejo, Claudio Bacchetta, y el representante legal de la firma Carlos Ignacio Ramírez Benítez, el pasado 27 de mayo, y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
El documento indica que el precio unitario por test es de G. 750.000, que la cantidad mínima será de 85 evaluados y la máxima de 170, por lo que los montos a pagar serán G. 63.750.000 como mínimo y G. 127.500.000 máximo.
Como representantes legales de la empresa también figuran Eligio César Kriskovich Cabañas y Patricia González de Dos Santos, según los datos que publica la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Precios en alza. La empresa Jobs fue adjudicada para el mismo servicio de evaluación sicotécnica de postulantes ya en años anteriores. Tanto en el 2017 como en el 2018, esta firma fue adjudicada, pero los precios variaron en el tiempo.
En el 2017, el contrato con Jobs establecía un precio unitario de G. 600.000 por cada test y el año pasado este mismo precio unitario bajó a G. 590.000.
En base a estos números y cada contrato, en el 2017 la empresa tenía por contrato un máximo a cobrar de G. 61.800.000, de los cuales facturó G. 55.800.000, según la DNCP.
El año pasado, el monto máximo a facturar era por G. 33.630.000, y finalmente facturó el monto total de G. 31.860.000, según lo publicado.
Este año, el Consejo subió a G. 127.500.000 en contrato plurianual de dos años, monto casi cuatro veces más que lo contratado en el 2018.
Críticas. Los resultados de los test sicotécnicos fueron cuestionados por varios candidatos y juristas que observaron en vivo el proceso de elección de la terna de candidatos a la Corte, llevado adelante en sesión pública y transmitido en vivo por el Consejo de la Magistratura.
Uno de los más críticos fue el doctor Jorge Rubén Vasconcellos. “Nunca debieron hacerse. No satisfacen los requerimientos constitucionales. Solo sirve para alimentar la burocracia y diluir la responsabilidad del Consejo sobre el resultado de la decisión adoptada”, expresó.
Por su parte, Ezequiel Santagada, quien accionó contra la sesión reservada del Consejo, cuestionó además los test, por los cuales también en años anteriores luchó para que se hagan públicos.
“Bochornoso, innecesario, humillante. Lo bueno de que se hayan hecho públicas las evaluaciones es que ahora nos queda muy claro a todos que no deben hacerse más, ya que no aportan nada al proceso”, dijo.
El doctor Ricardo Roza también expresó en redes sociales su parecer al respecto. “Se podía haber evaluado la contratación de otras herramientas para evaluar los perfiles de los postulantes, con menor costo y mayor eficacia. Lo que se vio fue un espectáculo bochornoso e innecesario”, manifestó.
