Los últimos escándalos sobre miembros del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) vuelven a poner al tapete el rol de estos órganos, así como también a las personas que los integran, todas con antecedentes sobre irregularidades y cuestionamientos acerca de su rol en la función pública.
La semana pasada, la Cámara de Senadores emitió una declaración donde insta a renunciar a Cristian Kriskovich, miembro del CM y del JEM en representación de las universidades privadas, más puntualmente de la Universidad Católica, de donde se desprendió un caso de supuesto acoso sexual donde el mismo fue denunciado, pero que terminó revirtiéndose en contra de la denunciante María Belén Whittingslow. La alumna de la UC que denunció a Kriskovich sufrió una orden de captura en la querella donde el representante de la UC le pide USD 450.000.
Un par de semanas atrás, el propio Consejo fue denunciado por abogados del Instituto de Derecho Ambiental, quienes reclamaron el secretismo de la sesión reservada que puntuó a los candidatos a ministro de la Corte, en violación a la Ley 6299/2019. La sesión estuvo dirigida por Claudio Bacchetta, quien tampoco cumplió la orden judicial de revelar los detalles de dicha sesión.
Posteriormente, el Consejo renovó autoridades y colocó como presidente al diputado colorado Roberto González, quien cuenta con varios antecedentes de irregularidades en la función pública, de las cuales salió ileso en todos los casos. En el 2003, fue señalado por haber presionado para liberar un container de cedés de un prófugo de la justicia, cuando era ministro del Interior. En el 2009 fue imputado por el hecho punible de producción de documentos no auténticos por utilizar guías falsas de traslado de animales para obtener créditos del Fondo Ganadero, pero la investigación no prosperó.
Otro miembro del Consejo cuestionado es el representante del Ejecutivo, Carlos Raúl Cabrera Alderete, nombrado en tiempos de Horacio Cartes, y quien logró con una medida cautelar de la Corte Suprema poder cobrar doble salario, uno como miembro del citado órgano y otro como funcionario de Itaipú, con lo que gana casi G. 80 millones.
Los demás integrantes también cuentan con varias observaciones sobre su papel en este órgano responsable de elegir ternas de candidatos a la Fiscalía y al Poder Judicial.
JEM. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es un órgano que todavía no puede salirse de escándalos recientes como el de los audios filtrados que demostraron todo un esquema de tráfico de influencia en la Justicia que tumbó, entre otros, al poderoso ex senador Óscar González Daher. Allí fue salpicado, por ejemplo, uno de los representantes del Consejo ante dicho órgano, el caso de Adrián Salas, cuya investigación no llegó a procesarlo.
El presidente actual de este órgano, el senador Enrique Bacchetta, fue escrachado intensamente en los últimos tiempos por grupos ciudadanos tras haber emitido declaraciones públicas donde cuestionaba la investigación fiscal contra el diputado oficialista Ulises Quintana.
En este Jurado, el diputado liberal Eusebio Alvarenga, quien había dicho que buscaría evitar el control político, pero finalmente apoyó la presidencia de Bacchetta, logró enjuiciar al fiscal que lo había imputado por haber protagonizado un accidente de tránsito en estado de ebriedad.
Los representantes de la Corte, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, también cuentan con el rechazo de algunos grupos por su rol como magistrados. Ambos tuvieron pedidos de juicio político, pero no trascendieron.
El papel de estos órganos ya fue cuestionado debido al espacio de presión en el que se convierten y son utilizados por los políticos y traficantes de influencias. Varios juristas presentaron alternativas para iniciar un proceso de cambio en la ley que los regula y hasta cambio en la propia Constitución. Mientras tanto, la incertidumbre y los manejos oscuros seguirán dominando estos órganos de “justicia”.
MIEMBROS CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (CM)
- Roberto González, representante de Diputados. Señalado por haber presionado para liberar un container de cedés de un prófugo de la justicia, cuando era ministro del Interior en el 2003. En el 2009 fue imputado por producción de documentos no auténticos por utilizar guías falsas de traslado de animales para obtener créditos del Fondo Ganadero.
- Claudio Bacchetta, representante de los abogados. Como presidente del Consejo dirigió la sesión reservada que puntuó a candidatos a ministro de la Corte, lo cual fue señalado de violar la Ley de 6299/2019 y denunciado ante la Justicia que ordenó la publicación, hecho que hasta ahora no se cumple.
- Carlos Raúl Cabrera Alderete, representante del Poder Ejecutivo. Nombrado por el ex presidente Horacio Cartes. Además de su salario de G. 33.336.840 como miembro del Consejo, cobra como funcionario de la Itaipú Binacional G. 46.443.148 gracias a una medida cautelar que consiguió de la Corte Suprema de Justicia.
- Adrián Salas, representante de los abogados. Fue salpicado en uno de los audios del escándalo del JEM en un supuesto caso de ntento de despojo de tierras. En la conversación se menciona que el integrante del órgano podría interceder por el juez Narciso Ferreira para cambiar su remoción como magistrado por una medida menos gravosa.
- Cristian Kriskovich, representante de la Universidad Católica. Denunciado por una alumna de la UC, María Belén Whittingslow por supuesto acoso sexual. Realizó una contrademanda y pide a la misma la suma de USD 450.000.
- Juan Bartolomé Ramírez, representante de la Cámara de Senadores Publicaciones del periódico O Estado do Mato Grosso do Sul del 2006 señalaron que estaba involucrado en lavado de dinero.
- Osvaldo González Ferreira, representante de la Universidad Nacional Fue en dos oportunidades presidente del Consejo de la Magistratura, cuestionado por algunos sectores por la falta de publicación de puntajes en cargos claves como fiscal general del Estado o ministro de la Corte Suprema.
- Luis María Benítez Riera, representante de la Corte Suprema Recusado por los abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) para entender la acción de inconstitucionalidad sobre la publicidad de las declaraciones juradas. Se mencionan parientes suyos en la función pública.
MIEMBROS DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (JEM)
- Enrique Bacchetta, representante de la Cámara de Senadores. Cuestionado por haber dicho que el proceso fiscal llevado contra el diputado colorado oficialista Ulises Quintana era injusto, siendo él presidente del JEM.
- Antonio Fretes, representante de la Corte Suprema . Cuestionado por gremios de abogados y Comisión Escrache Ciudadano. Fue uno de los ministros que habilitó el juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores. Tuvo pedido de juicio político.
- Gladys Bareiro de Módica, representante de la Corte Recusada por los abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) para entender la acción de inconstitucionalidad sobre la publicidad de las declaraciones juradas. Tuvo pedido de juicio político.
- Fernando Silva Facetti, representante de la Cámara de Senadores. Denunciado por la Contraloría por supuestas sobrefacturaciones cuando era titular del Instituto de Previsión Social (IPS), desestimado por la fiscala Victoria Acuña.
- Ramón Romero Roa, representante de la Cámara de Diputados Ex titular de Itaipú denunciado junto a Víctor Bernal por Carlos Mateo Balmelli por supuestas irregularidades en la binacional. Su caso no prosperó.
- Eusebio Alvarenga, representante de la Cámara de Diputados Protagonizó un accidente de tránsito estando ebrio en el 2016. Procesó como miembro del Jurado al fiscal que lo imputó, Aldo Cantero.
- Adrián Salas, representante del Consejo de la Magistratura Fue salpicado en uno de los audios del escándalo del JEM en un supuesto caso de intento de despojo de tierras. En la conversación se menciona que el integrante del órgano podría interceder por el juez Narciso Ferreira para cambiar su remoción como magistrado por una medida menos gravosa.