El edil explicó que así como la Policía Nacional, la Caminera y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lograron a través de acciones judiciales proceder a la reducción de máquinas oxidadas, la institución municipal debería iniciar el proceso para lograr ese fin. “Lo que no podemos hacer desde el municipio es estar amenazando con fuertes multas a los contribuyentes que no limpian sus inmuebles y, sin embargo, nosotros mantenemos esas chatarras en nuestros predios, que son un peligroso foco de infestación”, sentenció.
Puntualizó que “se debe aprovechar esta epidemia para liberar espacios en los corralones. Son máquinas cuyas multas ya exceden su valor. Solo es cuestión de finiquitar acciones administrativas y legales para su remate o destrucción”.