Política

CSJ pide nombres de escribanos que dieron tierras a los extranjeros

Catastro deberá informar, tras la solicitud del ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, quiénes transfirieron inmuebles fronterizos, faltando a la ley, y siendo pasibles de sanciones.

Las tierras de la frontera no pueden ser de propiedad de extranjeros pero muchas autoridades faltan a esta prohibición.

Esto hizo notar Última Hora mediante una publicación que advertía que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no atendía estos casos, por lo que el presidente del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón, remitió ayer un pedido de informe a la directora del Servicio Nacional de Catastro, Gloria Paredes de Armoa, sobre cuáles fueron los inmuebles de frontera transferidos a extranjeros y la identificación de los escribanos que incurrieron en la inscripción irregular de propiedades.

El ministro basó su solicitud en la Ley Nº 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, que en el artículo 4º dispone que, por intermedio del Consejo de Superintendencia, ejerce el poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales, juzgados y auxiliares de justicia.

ÚH denunció también que la Corte hacía la vista gorda en el caso de los escribanos y que ni siquiera respondía el pedido de informe emanado de la Cámara de Senadores sobre estas escrituras públicas.

Ante ello, la Corte respondió que sí se remitió el informe solicitado, sin embargo, el documento al que hace referencia es una respuesta brindada el 3 de mayo de este año a la Cámara de Diputados sobre otro tema que también concierne a los escribanos y notarios.

El pedido de informe remitido desde la Cámara Alta a iniciativa del senador Pedro Santa Cruz, obedece a dos proyectos que tienen el objetivo de establecer sanciones a escribanos, no solo por inscribir tierras a nombre de extranjeros en la frontera, sino también por sobrepasar la cantidad de hectáreas a nombre de un ciudadano no paraguayo, ya que el país no limita la venta de tierras a extranjeros.

El primer proyecto modifica la ley que establece la zona de seguridad fronteriza, donde se aplican sanciones para los escribanos y notarios públicos que infrinjan esta ley, que determina que desde el 2005, ciudadanos extranjeros no pueden adquirir propiedades dentro de la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera dentro del territorio.

El segundo es el proyecto de ley de protección nacional de las tierras rurales, donde se establece un límite de 1.000 hectáreas en la Región Oriental y 2.000 ha. en el Chaco a personas y firmas extranjeras.

Estos proyectos se realizan en atención a la necesidad de tierras de campesinos e indígenas y la mala distribución.

El total de tierras adjudicadas para la reforma agraria desde 1954 al 2003 fue de 12.229.594 hectáreas, de las cuales, 7.851.295 hectáreas fueron malhabidas, que constituyen casi el 20% del territorio nacional. Pese a esta grave cifra revelada tras investigaciones hace varios años, se siguen repartiendo tierras de forma irregular.



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