Viernes|4|JULIO|2008
Redacción CDE
Acerca del cargamento de mercaderías decomisado el 26 de enero en un atracadero ilegal sobre el Lago Itaipú, en el Refugio Biológico Pikyry, el jefe del Ministerio Público en Alto Paraná señala: “Lo más llamativo del caso radica en el hecho de que -pese a las disposiciones legales que rigen la materia- el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, a cargo del juez Wilfrido Velazquez, ha dispuesto la devolución de todas las mercaderías, sin tener en cuenta que estas son evidencias en materiales del Ministerio Público”.
“Es más, recientemente el Tribuanl de Apelaciones de Ciudad del Este había revocado esta resolución, pero paradójicamente, el mismo juez volvió a emitir una resolución de devolución”, apunta.
ADUANAS. “Pero lo más asombroso del asunto se constata en la postura institucional de al propia Dirección nacional de Aduana, que en virtud a un peculiar sumario administrativo ha sostenido que el hecho se resume a una simple falta administrativa, teniendo en cuenta que las mercaderías se encontrarían amparadas por la documentación legal de origen”, agrega el fiscal general adjunto.
“Este criterio resulta claramente ridículo, teniendo en cuenta que el delito de contrabando de exportación se configura con la simple intención de remitir mercaderías fuera de los puntos habilitados por la autoridad de la Dirección Nacional de Aduana., tal como lo dispone el Art. 336 del Código Aduanero”, indica.
Finalmente, el fiscal Ever Ovelar afirma: “En estas condiciones se puede entender porqué razón la zona de la ribera del río Paraná se encuentra totalmente carente de controles aduaneros, pues la propia institución reconoce expresamente que los hechos no tienen relevancia penal, lo cual constituye un verdadero despropósito a la normativa legal vigente”.