“He comunicado esta decisión porque, tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva que justifique” tal decisión.
Caracas estima que los atropellos a los derechos humanos -cometidos durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno en 2017 que dejaron unos cien muertos- están castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial. Según el estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI con sede en La Haya, un Estado miembro puede solicitar formalmente que el fiscal de la CPI se encargue de la investigación del Estado en su propio territorio.
En noviembre, el fiscal de la CPI anunció junto al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, que pasaba de un examen preliminar abierto en 2018 a una investigación formal. AFP