El edil Pablo Callizo (PQ), uno de los concejales que solicitó la reconsideración, cuestionó que no existe una política de gestión de territorio. “Se está repartiendo terreno, a mansalva, a lo loco. Sin ninguna planificación”. Ante la insistencia de oficialistas para aclarar que solo se aprobó el uso de terreno y no la construcción, indicó que “si ven el expediente ya se ve el proyecto de refulado”. Expresó que no existe análisis de la comisión de Hacienda y no está establecido un canon específico a pagar.
Respaldo. El edil Humberto Blasco (PLRA) se encargó de rebatir todos los puntos cuestionados, desde lo jurídico. Resaltó que la franja costera, a diferencia de la defensa costera, está destinada a la urbanización, no para reservas ecológicas. Dijo que semanalmente y desde hace años se autoriza el arrendamiento y venta de propiedades de dominio privado municipal y este caso “no es distinto”.
Indicó que no es necesaria la licitación pública porque no se va a contratar ninguna obra o servicio público. Señaló que el arroyo Mburicaó está a más de 200 metros del terreno y a 150 metros del río Paraguay.
Aseveró que si no se toma el liderazgo para el desarrollo urbano serán responsables “del mayor proceso de favelización costera”. Refiriéndose implícitamente al senador y ex edil Martín Arévalo, quien denunció la supuesta coima para ceder el terreno, cuestionó que quien denuncia promovió la instalación de areneras, astilleros y caleras en áreas en franja costera. El edil José Alvarenga (ANR), ofuscado por las críticas recibidas y la denuncia hecha por Arévalo, propuso emitir una resolución en la que se pida que el senador haga la denuncia responsablemente, pero retiró la moción.
El concejal Félix Ayala (PLRA) manifestó que si emiten dicha resolución se va a pedir que la Fiscalía “que actúa como garrote” intervenga una denuncia de un senador que pertenece al grupo que maneja el Ministerio Público.