En diciembre del año pasado, la directora de Contaduría General de los Tribunales, Marta Sosa Heisele, fue separada del cargo por disposición de la Corte.
En ese entonces, también se resolvió la separación de sus cargos de otros tres funcionarios. Ellos son Gustavo Daniel Peña, Nilda Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
La intervención y auditoría de Contaduría por parte de la Superintendencia de la Corte se dio luego de un informe de Miguel Ángel Basualdo, director general de Auditoría Interna, quien en fecha 9 de diciembre del año pasado remitió el resultado de la auditoría realizada por el economista Ernesto Ocampos.
La auditoría se dispuso luego de que la misma directora de Contaduría, Marta Sosa Heisele, denunciara la desaparición de novecientos cheques judiciales, supuestamente por parte de un funcionario judicial.
denuncia. Según el documento, la gravedad de lo detectado por el equipo de auditores es que los actos contarían con anuencia de la contadora general de los tribunales, “por lo que se recomienda que se disponga la intervención de dicha repartición y separación del cargo de los funcionarios”.
El caso salió a la luz en julio del año pasado cuando Sosa Heisele denunció que se habían percatado de que un abogado era funcionario judicial del área jurisdiccional y que ya pasó por varios fueros. Además, constataron que el mismo incluso intervino en el juicio con un poder habilitante para representar a varias personas, y que llegó a la conclusión del juicio.
A raíz de ello, refirió que el funcionario retiró cuatro cheques, dos de unos G. 500 millones cada uno, otro de G. 100 millones, y uno último de G. 70 millones. Explicó que en total fueron unos G. 1.170 millones aproximadamente de los cheques judiciales que logró retirar para sus representados, por orden del juez de la causa.
Millonario fraude
En la causa, el ministro Eugenio Jiménez, había denunciado ante el pleno de la Corte el envío de una nota falsa a una empresa privada en la que se alertaba de la existencia de un cheque. Todo era falso. Señaló que en esa oportunidad también se falsificaron las firmas de un juez y un actuario judicial, por lo que también se habría incurrido en producción de documentos no auténticos.
Ahora el informe de la auditoría ya fue remitido a la Fiscalía, quien deberá investigar las actuaciones de los involucrados en la causa.
De acuerdo a los informes de los sumarios administrativos realizados por la Superintendencia a Contaduría, la Corte remitió al Ministerio Público los resultados para el inicio de investigación.