Las ministras Carolina Llanes y Gladys Bareiro, votaron por rechazar la garantía constitucional, mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia por admitirlo.
León, patrocinado por el abogado Juan Porta, sostuvo que el mismo fue favorecido con el arresto domiciliario el pasado 9 de enero del 2017, por el Tribunal de Apelación. Sin embargo, en el juicio oral, el Tribunal revocó la resolución y le dio prisión preventiva. Alega que pidió revocatoria, pero no fue resuelto, y ya cumplió la pena mínima.
Las ministras sostienen que la prisión fue dictada por juezas competentes, por lo que no habría ilegalidad de la medida.
Ramírez Candia afirma que ya cumplió con la pena mínima, con lo que debe admitirse el hábeas corpus.