La medida ordenada por Pablo Seitz indica ordenar la reasignación del procedimiento y la designación de la abogada Rebecca Thompson como responsable de sustanciar la investigación iniciada a partir de las denuncias planteadas en la cuestionada licitación.
El proceso de mejoramiento del sistema de identificaciones inició en el 2017. Ya en ese periodo la Contraloría General de la República había sugerido la cancelación del proceso por no contar con la certificación presupuestaria para el ejercicio 2018.
Es decir que no había recursos para cubrir la totalidad y se sumaron algunas denuncias de supuesto direccionamiento y daño patrimonial.
Un año después y bajo la administración de Mario Abdo, en diciembre de 2018, el entonces director de administración y finanzas del Ministerio del Interior, Medes Mendoza, ordenó y se realizó el pago del adelanto por la suma de G. 46.185 millones. Es decir, una inversión de USD 7,2 millones. Este había justificado el pago a pesar de que ya había problemas y retrasos con la provisión de insumos.
Este desembolso se realizó en contraposición y recomendación realizada por la Contraloría General de la República.
De acuerdo a las denuncias la empresa no cumple con las exigencias y tampoco mejoró el sistema de provisión del servicio de identificaciones.
más dinero. A pesar de que hubo un desembolso de USD 7,2 millones, la Policía Nacional nuevamente tuvo que realizar otra inversión en medio de la crisis generada por la pandemia y a pesar de que ya estaba contemplado en el anterior proceso.
El pasado 31 de agosto de 2020, se realizó el proceso para adquirir insumos para cédulas y pasaportes mediante el ID 375439. Esta vez la inversión fue de G. 21.725 millones.
Están en la mira los representantes del Consorcio CDE (Solnet SA y Gemalto México SA). Hasta el momento siguen esperando un descargo para conocer el problema que están teniendo con la provisión de insumos y el servicio.
Contrataciones Públicas se tomará su tiempo para averiguar sobre este dudoso procedimiento de licitación pública internacional. Debe determinar las causas del incumplimiento de las obligaciones contraídas con la institución del Estado en base al contrato.
