“Los acuerdos y sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que han acogido favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/2003, no señalan en caso alguno que le esté vedada a la Contraloría General de la República ejercer su función constitucional”, apunta el comunicado.
La Corte, la Fiscalía General del Estado y otras instituciones recurrieron a esta acción para ser auditadas por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría.
“Del análisis precedente se desprende que ambas instituciones (Tribunal de Cuentas y Contraloría) tienen atribuciones diferentes que no se superponen ni colisionan entre sí. El hecho que la norma atacada sea declarada inconstitucional no excluye la competencia que la Constitución y la Ley le confieren a la C.G.R. para realizar la auditoría que corresponda en todas las reparticiones públicas de la República”, agrega la nota.