Se trata de la propuesta de ley “Que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley N° 879/1981, Código de Organización Judicial”, que tiene como finalidad delimitar en su composición y funciones al Tribunal de Cuentas. Esto debido a que las instituciones presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ley que faculta a la Contraloría ejercer control, basándose en esta normativa.
La propuesta ya fue presentada el año pasado pero sigue siendo postergada. Ayer la mesa directiva decidió acceder al pedido e incluyó el tema en el orden del día.
“Le solicitamos a la mesa directiva el tratamiento del proyecto de modificación del Código de Organización Judicial; la Contraloría tiene un rango constitucional, es una institución de carácter técnico, de control y fiscalización; nosotros no somos jueces, como lo es el Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de un órgano eminentemente jurisdiccional”, explicó Paiva.
Los diputados proyectistas son Jorge Ávalos Mariño, Édgar Acosta y Carlos María López.
Según Ávalos Mariño, un centenar de instituciones no permiten a la Contraloría auditar sus cuentas. Entre ellas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las gobernaciones y las intendencias. “El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a esa instancia nunca hay resultados y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 instituciones en esa situación”, detalló Ávalos Mariño.
El contralor Camilo Benítez dijo que este recurso busca el blanqueo.
El proyecto indica que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de la ejecución de los gastos públicos.
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