El informe, que tiene como director a Carlos Ramiro Villalba, detalla que conforme a las verificaciones realizadas por los auditores se constataron indicios de un perjuicio patrimonial en dicha Municipalidad que alcanzó el monto mencionado repartido en diversos conceptos.
Según el detalle mencionado en el informe, existirían las siguientes anormalidades: Deficiencias y faltas de documentos respaldatorios por un importe de G. 1.267.812.142 en jornales; erogaciones pagadas por G. 80.200.000 con deficiencias en los documentos que respaldan los legajos de pagos en compra de combustibles; otra de las erogaciones que no cuentan con sustento es la realizada por un monto de G. 2.622.751.186, que no tiene soporte documental; esto sería en construcciones.
También existe falta de documentos de un pago de G. 140.000.000, otro monto de G. 170.176.380 en pagos a sectores privados, también sin soporte documental; otro gasto, como un aporte a entidades sin fines de lucro por G. 234.901.000, tampoco cuenta con documentos respaldatorios.
La lista sigue también con la falta de documentos por G. 348.725.800, en pagos realizados por combustibles y lubricantes en el ejercicio 2016; un pago por G. 34.000.000, cuya factura legal presenta enmienda, según el informe.
Otro monto fue de G. 19.066.335.354 en conceptos de construcciones también en el ejercicio del 2016, con documentaciones deficientes.
Según este informe de Contraloría, también se detectaron presuntas irregularidades en las transferencias realizadas por la Municipalidad a organizaciones e instituciones sin fines de lucro durante el ejercicio fiscal 2016, con recursos genuinos: compensación por la desaparición de los saltos, royalties, compensaciones, por un importe total de G. 6.406.040.777.
Por último, se detalla una transferencia sin respaldo documental por G. 20.000.000.
La presentación del presente informe se realizó el 4 de octubre de este año, firmado por Camilo Benítez, contralor general de la República.
El mencionado intendente también cuenta con un proceso en el periodo del 2005 al 2010, siendo también la Contraloría General de la República que, a través de pericias contables, determinó un supuesto perjuicio a las arcas de la Comuna, que asciende a G. 1.200 millones.
La cifra
30.000 millones de guaraníes fue el presunto perjuicio patrimonial detectado por la Contraloría.