Una de las críticas más fuertes ha sido contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, por haber concedido el sobreseimiento definitivo del senador Javier Zacarías Irún y el sobreseimiento provisional de su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, en un caso de desfalco de 1.200 millones de guaraníes, como por haber otorgado la libertad ambulatoria al ex senador Óscar González Daher en el caso de audios filtrados y tráfico de influencias, medidas que se conocieron en la misma jornada, calificada por este diario en su portada de ayer como un “Día negro para la Justicia”.
Los últimos blanqueos de casos emblemáticos de corrupción, como el caso del Clan ZI en el Este y el Clan González Daher en Central, como la llamativa lentitud para investigar los graves intentos de estafa en compras de insumos médicos durante la pandemia del Covid-19 revelan lo poco que se ha avanzado en un sistema de Justicia que responda a los intereses de la ciudadanía, y no a la de los poderes fácticos.
En el caso del blanqueo al Clan Zacarías Irún, es lamentable ver cómo la jueza que liberó a los principales acusados, como los fiscales que investigaron la causa, se echan mutuamente la culpa, mientras crecen la frustración y el desencanto en una ciudadanía que desde hace años viene reclamando que se ponga fin a los abusos de autoridades y caudillos políticos, con millonarios desvíos de fondos del dinero público.
Lo mismo sucede con la investigación del más grave caso de corrupción detectado con los fondos de emergencia asignados para la lucha contra el Covid-19. Mientras la ciudadanía ya lleva casi cuatro meses cumpliendo medidas especiales de restricción, aún no existe un solo imputado por el caso del millonario intento de estafa con la compra de insumos médicos importados desde China, por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La evidente connivencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para no avanzar en las investigaciones y en los procesos, o para permitir escandalosos casos de alevosos blanqueos de graves hechos denunciados y reclamados por la población, consagran la impunidad y hacen que la ciudadanía confíe cada vez menos en los investigadores y administradores de justicia.
El clamor popular que resonó el lunes en gran parte del país demuestran en qué medida la ciudadanía está harta de tanta corrupción. A pesar de eso, las autoridades y los exponentes de la clase política no asimilan el mensaje.
No podemos seguir con un sistema judicial que no merece la más mínima confianza de la ciudadanía. Urge conquistar la Justicia real como un imperativo de la democracia.
