07 ene. 2026

Condenan en el caso Senepa tras dura crítica a la Fiscalía

Partes.  La fiscala Victoria Acuña en primer plano. Al fondo, los acusados en el proceso.

Partes. La fiscala Victoria Acuña en primer plano. Al fondo, los acusados en el proceso.

Tras criticar duramente la labor de la Fiscalía que imputó por G. 1.070 millones y solo probó un perjuicio de G. 83 millones, los jueces condenaron ayer a los acusados por el desvío de combustibles del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa).

Así, el ex director de la entidad Silvio Ortega Rolón fue condenado a cuatro años de cárcel; el ex director administrativo Gustavo Adolfo Ramírez tiene pena de tres años y medio de encierro.

Además, al ex jefe de Talleres Gustavo Bordón Céspedes le dieron tres años de prisión; mientras que al ex jefe de zona Lucio Benítez y al ex coordinador de zonas Juan Emilio Zayas, le aplicaron dos años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la condena.

Ortega y Ramírez fueron hallados culpables de lesión de confianza, por la calidad de garante, mientras que los demás, por producción de documentos públicos de contenido falso.

EL FALLO. El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Elio Ovelar, Daniel Ferro y Víctor Alfieri, al argumentar su resolución, criticó duramente la labor fiscal.

Se argumentó que, con bombos y platillos, se imputó por un supuesto perjuicio de G. 1.070 millones, mientras que en el juicio oral, se probó solo G. 83.000.000.

Alegaron que en el juicio, en ningún momento se habló del tema del dengue, ni perjuicio al público, sino que fue un faltante de combustibles.

Es más, el juez Ovelar dijo que los testigos vinieron a “hacerse el ñembotavy (el tonto)”, y que solo se hablaron de dos camionetas.

Por su parte, Ferro fue más duro. Alegó que la investigación de la Fiscalía era poco seria y habló de la teoría de “ir a pescar” en alusión a que acusó por varios delitos por si alguno de ellos pegaba.

Sacó responsabilidad a la fiscala Victoria Acuña, ya que ella había “heredado” la causa. El fiscal que inició la pesquisa fue Martín Cabrera.

Pese a toda la crítica, alegaron que se probó que los mismos desviaron los montos de combustibles y que por eso correspondía aplicar las penas a los procesados.