Esta condena no es solo a un medio de comunicación, sino impacta sobre todos, aclara, porque no se reduce solo a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión “que ejercemos todos los ciudadanos, incluso por las redes sociales”.
El caso tiene que ver con publicaciones que en 2019 denunciaron irregularidades en la gestión de Marta González Ayala al frente de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), durante el gobierno del presidente Horacio Cartes. Específicamente de un organismo internacional para la actualización (en 2016) del sistema de gestión tributaria, Marangatu. La ex viceministra querelló a la directora del Diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, autor de la investigación.
A criterio de la doctora Peralta, si el juez aplicaba los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “de plano hubiera rechazado la vía penal”.
La Corte IDH dice que en estos casos, el sistema penal resulta desproporcional, resalta. “Cuando se trata de una información que afecta a un funcionario público, a un candidato electoral, que invoque su derecho al honor, la vía es el Derecho Civil. No es que se le niega la acción”. Agregó que existe la doctrina de la real malicia, que consiste en probar que el que difundió la información lo hizo a sabiendas de su falsedad, con total desprecio por la verdad, con temeridad. En el caso de ABC no se demostró esto.
Insiste en que el derecho penal “actúa como un garrote para intimidar”, y se pregunta: ¿Quién se animará a publicar algo que comprometa a un funcionario público, sabiendo que van a utilizar el sistema penal para desacreditar o desmeritar el contenido de la publicación, aún se trate de un hecho verdadero y verificado y verificable? “Menos aún si es una autoridad, si sabe que después, aunque el contenido de la publicación sea verdad, el derecho penal le va a caer encima”, sostiene.
Por eso, a su criterio, el fallo del juez Peralta constituye una censura indirecta, un efecto intimidatorio que, en el fondo, privará a todos los ciudadanos de acceder a información comprobada, de calidad. Sobre todo si queda firme el fallo en las siguientes instancias judiciales y se convierte en jurisprudencia.
“Hay medios que hoy no se están haciendo eco de esto, pero mañana pueden correr la misma suerte”, advierte.
Quién se animará a publicar algo que comprometa a un funcionario público, sabiendo que van a utilizar el sistema penal para caerle encima.
